El último error del abuso del concepto de terrorismo fue por parte del gobierno del estado de Guanajuato tras los terribles actos de violencia extrema contra unos empresarios de Salamanca, al parecer cometidos por otros ciudadanos que se organizaron para cometer un acto criminal.
La culpa no es del gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, sino de su equipo de asesores que no estaba debidamente preparado para responder ante una crisis como esta. Se dejaron llevar por la alta temperatura mediática que genera un acto de extrema violencia o terror, pero no de terrorismo.
En el ámbito académico y la comunidad de agencias de seguridad e inteligencia de los países occidentales hay una doctrina no escrita que entiende que el uso del concepto del termino terrorismo debe tener al menos las siguientes características.
Primero es la premeditación y organización para el uso de extrema violencia. Es por eso que los actos de terrorismo son un tipo criminal en la mayoría de las legislaciones nacionales.
Segundo, es cometido por grupos subnacionales, es decir no se reconoce el uso del terror por parte de Estados democráticos. Sin embargo, este es un tema a debate. Para los palestinos, Israel es un estado terrorista o para los guerreros libertarios de izquierda las dictaduras sudamericanas de la década de los 60 y 70 eran los verdaderos terroristas. De la misma manera, las dictaduras militares latinoamericanas impusieron cargos de terrorismo a guerrilleros de izquierda por atentados durante estos tiempos obscuros en el continente.
La tercera característica del terrorismo es que se busca causar temor en la mente de los adversarios en una situación de conflicto. Por último, los objetivos son de tipo ideológicos, religiosos o políticos. En este último punto está la clave para entender que los actos de Salamanca no fueron terrorismo fueron en todo caso criminales. Las autoridades estatales no han encontrado hasta el momento un móvil político o ideológico, por lo tanto, hasta que no se encuentre dicha motivación debe ser tratado como un homicidio doloso. Por lo anterior, se debe reconocer que las autoridades estatales hayan desestimado los cargos por terrorismo.
Debemos tener muy presente que el concepto de terrorismo es eminentemente negativo y sirve para denostar a los enemigos de un régimen político o por parte de grupos subnacionales y actores estatales. El concepto ha sido usado de manera irresponsable por gobernantes de todo el mundo y por organizaciones sociales con fines políticos.
La última vez que se quiso abusar de este término en un caso criminal fue en el muy lamentable asesinato de la familia LeBaron en la frontera entre Sonora y Chihuahua. Aquí la familia de origen americano-mexicana se asesoró mal y quiso elevar este acto de extrema violencia contra su familia para llamar la atención en Washington. Lo que no le dijeron a Adrian LeBaron es que el procedimiento para declarar a una organización criminal como grupo terrorista internacional en Estados Unidos (FTO por sus siglas en inglés) es terriblemente complicado y diplomáticamente muy difícil de sostener.
México tiene una doctrina no escrita en materia de terrorismo que está expresada en la comunidad de inteligencia para la seguridad nacional. El primer principio es que en México no hay terrorismo doméstico, porque efectivamente no hay grupos que quieran acceder al poder por la vía violenta. México tiene un sistema democrático que abre la posibilidad de acceder al poder por la vía electoral.
El segundo principio de la doctrina de terrorismo es que el país tendría una gran afectación económica, prestigio internacional y problemas internos si se declarara fácilmente las acciones de algún grupo criminal como terrorista como sucedió en Colombia en 1999. En este sentido, el gobierno mexicano nunca estaría de acuerdo con un apoyo externo internacional para combatir a grupos subnacionales internos con los anteojos de las políticas contraterroristas. Esto violentaría ampliamente el principio de no intervención en asuntos internos de otros países.
Por último, México comprende su responsabilidad internacional para cumplir con los acuerdos de cooperación bilateral en contra el terrorismo con Estados Unidos y en el pasado con países como España por el terrorismo de ETA. México a través de sus instituciones responsables en contra del terrorismo como el CANDESTI en el CNI, la S-8 en Sedena, la UIF de la SHCP y la FGR colaboran todos los días con sus contrapartes extranjeras para que su territorio y sistema financiero no sean utilizados por estos grupos.
Agenda estratégica: recomiendo el Atlas de la Seguridad y Defensa de México 2020 publicado recientemente por CASEDE, el Instituto Belisario Domínguez del Senado y la UDLAP: https://bit.ly/3CP0MXr
POR GERARDO RODRÍGUEZ
GERARDO_RSL@YAHOO.COM
@GERODRIGUEZSL
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