COLUMNA INVITADA

Las comunicaciones en la milicia mexicana: Un problema de competencia económica

Estos instrumentos han significado un negocio redondo para la Red de Misión Crítica, utilizada por la milicia

OPINIÓN

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Luis Miguel Martínez Anzures / Colaborador / Opinión El Heraldo de México

Los aparatos de radiocomunicación son una de las herramientas más elementales de las instituciones castrenses y de seguridad pública en México y en cualquier país del mundo. Su funcionalidad e importancia son insustituibles. Sin ellos, las fuerzas del orden no podrían llevar a cabo sus funciones de la manera más rápida y ágil posible. Estos instrumentos desde los años noventa, han significado un negocio redondo para la Red de Misión Crítica, utilizada por las corporaciones militares y policiales ante situaciones de emergencia y protección civil.

En semanas pasadas, después de dos décadas el presidente Andrés Manuel López Obrador, firmó un decreto para poner fin a la dominación en ese mercado. Es decir, no habría preponderancia por parte de ninguna empresa para abastecer de insumos a este sector del gobierno. Sin embargo, los primeros pasos de la Secretaría de la Defensa Nacional van en sentido contrario a la libre competencia y apuntan –de nueva cuenta– a la concentración de los contratos orientados hacia la preeminencia de un participante.

Concursos posteriores al decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, han terminado en simulaciones de licitaciones con un solo ganador: Motorola Solutions.

¿Cómo es que esto ha sucedido? Es conveniente revisar el transcurrir de los hechos para actualizar esta información. Para empezar, el 30 de julio de 2020, un mes antes de la orden presidencial, la SEDENA lanzó una licitación pública para adquirir 75 equipos de radio con el estándar P25, lo que permitiría que cualquier fabricante de esta tecnología pudiera participar. Sin embargo, el mismo organismo público hizo en el anexo de la licitación una especificación que limitaba cualquier posibilidad: requería equipos “PX 2000 Modelo 2”, que son exclusivos de Motorola. Lo anterior contravino la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y desató quejas del resto de los participantes.

De acuerdo con la firma Servicios de Integración e Ingeniería para Telecomunicaciones, “limita el proceso de competencia y la libre participación al establecer requisitos que sólo cumple una empresa (Motorola)”, según quedó asentado en el acta de la Junta de Aclaraciones.

Por su parte, otros agentes como la empresa 2 Techno Convergens, comentaron con relación a este concurso, que “El equipo solicitado corresponde a un dispositivo de Motorola (…) Se podría proponer un aparato equivalente y favorecer la libre competencia y las mejores condiciones para la convocante.”

Y es que vale la pena recordar, que el 15 de septiembre de 2020, después del decreto federal, la Sedena adjudicó a Motorola Solutions de México, el contrato de los radios por 5 millones 549 mil 999 pesos. Esto es, 74 mil pesos por aparato; 44 mil pesos más caros que los radios de tecnología Tetrapol que ese mismo año adquirió el ayuntamiento de Tapachula, Chiapas, para sus policías municipales en 30 mil pesos por unidad. Y es cierto, no deben tener las mismas especificaciones, pero tampoco deberían adquiridos con precios diametralmente diferentes.

Otras licitaciones también favorecen a la misma empresa. Es el caso de la licitación pública de la Sedena para Ciudad Acuña, Coahuila, por la adquisición de 24 radios portátiles, un radio base, un radio móvil, dos repetidores fijos y un repetidor portátil de tecnología P25, que fue entregada a Motorola el 16 de julio del presente año, por tres millones 626 mil 392 pesos.

Así mismo, algunos medios electrónicos han reportado que la Secretaría de Marina, a su vez, ha adjudicado de manera directa cuatro contratos a Motorola Solutions, por dos millones 73 mil 380 dólares en 2020, excusándose de realizar licitación pública y ocultando del sistema gubernamental de compras públicas, Compranet, el objeto de los contratos.

Lo interesante de todos estos casos, es que la transparencia ha brillado por su ausencia. Es decir, hasta ahora, no se han podido justificar de manera clara y con criterios técnicos que la adquisición de muchos de estos aparatos ha sido bajo un proceso escrupuloso, siguiendo las condiciones estrictamente técnicas y al menor costo posible. Todo lo contrario, el proceso ha sido poco claro y en muchos casos, poco explicativo o claridoso, lo suficiente quizás, para no dar paso a ninguna versión especulativa.

Por todo ello, el cúmulo de situaciones ofrecen hasta ahora, una evidencia que favorece a una empresa por encima de una escaza o nula competencia en el sector que mucho pudiera enriquecerse, si se deseará contar con más opciones, para atender las necesidades de infraestructura de la institución.

POR LUIS MIGUEL MARTÍNEZ ANZURES

PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

MAAZ