Ajusticiar a unos antes que sopesar las consecuencias que eso significa para la ciudadanía en general; denostar antes de entender el significado de las cosas; tergiversar antes que enfrentar la realidad. Observar todo desde el lente de sus prejuicios y mentir sin aspaviento alguno. Así es como gobierna el presidente a través de la 4T.
En México hemos aprendido con los años a no confiar en los gobiernos. Y este, que prometió ser diferente, se ha empeñado en aferrarse a otros datos.
Lo espetado apenas recientemente por López Obrador sobre que no debería existir el secreto bancario ni el debido proceso demostró ignorancia; el mandatario está diciendo, palabras más, palabras menos, que el cumplimiento de la ley impide gestionar con eficiencia.
El secreto bancario y el debido proceso son ahora la cortina de humo detrás de la cual escudarse de los malos resultados en la lucha anticorrupción. Como si dichas figuras jurídicas evitaran al gobierno hacer correctamente su trabajo…
El debido proceso es una garantía procesal que debe estar presente en todo tipo de cuestiones de índole jurídica. Mientras que el secreto bancario tiene excepciones señaladas en la Ley de Instituciones de Crédito (Art. 117). Que no se ponga ahora como pretexto la fundamentación legal que protege a quienes ahorran.
Toda entidad financiera, así como las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo están obligadas a proporcionar a las autoridades fiscales la información que se solicite. Esto es, la autoridad fiscal tiene las facultades necesarias y suficientes para solicitar todas las operaciones realizadas en el marco jurídico, ese tan despreciado por la 4T. Por ello, el embuste del ejecutivo federal solo se sostiene para encubrir el hecho de que durante la presente administración no se ha procesado a un solo corrupto y no se han probado legalmente ninguno de los robos de los que se acusan, sean en fideicomisos o en la compra de medicamentos, por citar dos ejemplos.
De todo acusa este régimen, pero nunca presenta pruebas incontestables. Y cuando se le inquiere al respecto, revira culpando a las figuras normativas que nos protegen, entre ellas el secreto bancario y el debido proceso.
Son la nueva justificación para explicar la incompetencia, para no enjuiciar o encarcelar a personajes como Emilio Lozoya y al mismo tiempo, violándolas, mantener en prisión a Rosario Robles.
Clamó López Obrador los primeros tres años de su gobierno que la corrupción había invadido toda esfera de la vida pública. La segunda parte de esa misma cantaleta es socavar el sistema jurídico y de garantías individuales de todos los mexicanos.
Lo que el presidente sugiere es grave. Mas, dado que en su opinión ni el secreto bancario ni el debido proceso deben existir, que sea él y su familia, empezando por su prima Felipa y dos de sus hermanos —Martín y Pío— quienes abran sus cuentas bancarias al escrutinio público. Brinquémonos el debido proceso y que lleguen directamente a la cárcel para, desde ahí, probar su inocencia.
Lo que hace el gobierno de la 4T es tergiversar y gobernar desde los prejuicios. No nos engañemos.
POR VERÓNICA MALO
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