El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha tratado de manejar una política exterior que refleje principios propios del nacionalismo revolucionario en lo que atañe al principio de no intervención, siempre y cuando estos se alineen con sus posturas ideológicas.
Así, frente a Bolivia, Cuba o Venezuela se levanta la voz en contra de cualquier interferencia extranjera, incluso cuando se trata de un asunto de derechos humanos, mientras se pronuncia abiertamente ante las medidas migratorias impuestas por los norteamericanos como parte de de su política interna la cual, por más injusta que parezca, tendría que recibir el mismo trato que se le da a los tres países antes mencionados.
La estrecha vinculación con Estados Unidos obliga a la 4T a contener su concepción antiyanqui según la cual los grandes males de México han sido ocasionados por el abuso del imperio del norte.
Más que una política pragmática, se trata de un temor real con respecto a las posibles consecuencias de una confrontación directa con Washington, independientemente de si lo gobierne Donald Trump o JoeBiden.
La pista del norte es aquella en donde López Obrador se siente incómodo porque la desconoce y desconfía de ella, y porque fue educado en ese mundo donde la vecindad con la Unión Americana es más una especie de infierno irremediable, que una oportunidad geopolítica única.
Es por ello que prefiere mirar hacia el sur empobrecido y carente de alternativas de integración económica viables.
Por ello insiste en construir la pista del sur con esa narrativa propia del siglo pasado donde Latinoamérica unida obliga a los Estados Unidos a replantear su relación, y con ello genera en automático las condiciones para abatir la pobreza y la desigualdad en el continente.
De ahí las propuestas simplistas de la CEPAL de Alicia Bárcena sobre autosuficiencia sanitaria, cooperación regional y desarrollo para contener la migración, o la sugerencia de que México compre más café a Honduras, Guatemala y El Salvador como forma de aumentar el comercio en la zona.
Economías desarticuladas y Estados nación en manos de la delincuencia organizada no pueden ser opciones de desarrollo y espacios para una vida digna.
Inyectarle millones de dólares a estas estructuras políticas es contribuir a enriquecer a gobernantes y empresarios corruptos sin que la población sea beneficiaria de un solo centavo de ese dinero.
Para México, apostar sus canicas a un inexistente proyecto latinoamericano, descuidando su prioridad en la integración económica con Estados Unidos y Canadá, es confundir cuál de las dos pistas es la fundamental para su desarrollo incluyente.
POR EZRA SHABOT
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