En los pasados gobiernos se gastaron presupuestos desmesurados y la deuda creció de forma acelerada; aun así, el sueldo de los trabajadores del estado no está garantizado, como es el caso de las maestras y los maestros, quienes se han visto obligados a salir a las calles en repetidas ocasiones para exigir el pago de la nómina; lo que resulta indignante, al considerar el compromiso del magisterio con sus responsabilidades durante la pandemia del COVID-19, y el hecho de que la educación es una prioridad para el desarrollo de nuestra sociedad.
Las causas de la tragedia financiera de nuestro estado son muchas, pero para decirlo claro, la mala administración y la corrupción fueron las más graves. Por principio de cuenta, inflaron las nóminas de las secretarías, como la de Gobierno, la de Educación, la de Salud y la de Desarrollo Social, con operadores políticos, lo que se refleja en el porcentaje de la población ocupada en el gobierno, que para el primer trimestre de este año se estima en 5.16 por ciento, pero que alcanzó máximos históricos en 2012, con 7.3 por ciento, y en 2020, justo antes de la pandemia, con 6.66 por ciento, cifras muy superiores a 4.2 por ciento del nivel nacional.
Además, en 2015, por razones que aún están por esclarecerse, Zacatecas fue una de las pocas entidades que no se acogió al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), lo que habría ayudado a dar liquidez al gobierno para cumplir sus obligaciones; por si fuera poco, se utilizó la estrategia de cavar un hoyo para cubrir otro, al adelantar participaciones federales que comprometen el presupuesto futuro.
Se estima que tan sólo para concluir este año, de septiembre a diciembre, el apalancamiento del costo de nómina estatal que requeriremos será de mil 28 millones de pesos, mediante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo el concepto U-080, y que el gasto no cubierto por el FONE, en 2021, sería de dos mil 273 millones de pesos.
Por eso resulta de vital importancia que la sociedad conozca el estado de las finanzas públicas, con las que deberemos operar en el sexenio. Los pasivos que se adeudan al SAT son de 233.87 millones de pesos; los de fondos de fideicomisos de nómina educación y burocracia, de 557.68 millones de pesos; las que se adeudan a proveedores, son de 110.50 millones de dólares; a organismos públicos descentralizados, de 104 millones de pesos; a organismos autónomos y poderes, 77.1 millones de pesos; y a contratistas, por convenios de municipios y educación, 121.2 millones de pesos, lo que da como resultado un total de mil 661.55 millones de pesos.
Por eso, para salvar de la quiebra a Zacatecas, se requiere una reestructuración de la administración pública, para eliminar los elementos de corrupción que drenan los recursos de la ciudadanía e implementar la austeridad republicana como un criterio transversal de toda política pública.
El resto es hacer más con menos y priorizar obligaciones, como el pago de salario, especialmente durante este periodo de reactivación económica.
POR DAVID MONREAL
GOBERNADOR DE ZACATECAS
@DAVIDMONREALA
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