En los últimos meses hemos sido parte de la reflexión colectiva, ya sea desde una trinchera ciudadana o como legisladores y legisladoras, alrededor de una histórica demanda ciudadana: la revocación de mandato por pérdida de la confianza. Así como con el proceso de consulta popular, estamos próximas y próximos a atestiguar la aplicación de un mecanismo en favor de la soberanía popular.
Podemos resaltar tres grandes pilares conceptuales sobre los que se construye la necesidad de avanzar con el tema: la revocación de mandato como un derecho político constitucional; como una herramienta de empoderamiento ciudadano para la rendición de cuentas, y como un resultado del proceso de apertura democrática que, desde hace más de dos décadas, es imparable en nuestro país.
Respecto a la revocación como derecho de la ciudadanía; legislar y aprobar herramientas como la revocación de mandato fue uno de los primeros pasos necesarios para hacer de la norma constitucional una realidad tangible para todas las ciudadanas y ciudadanos. Ahora, es turno del Instituto Nacional Electoral de organizar, de acuerdo con la Constitución y la Ley Reglamentaria, un proceso que garantice y salvaguarde los derechos políticos de las y los mexicanos.
Al contar con la revocación de mandato, en nuestra democracia se consolidan los mecanismos de rendición de cuentas directos, ya que regula una interlocución permanente entre la persona titular del poder ejecutivo y sus mandantes. Por un lado, empodera a la ciudadanía como actor permanente en la supervisión y escrutinio del gobierno, y por otro conlleva a una participación mucho más activa y constante.
Además, con cada ejercicio de los derechos políticos de las ciudadanas y los ciudadanos que se organiza en nuestro país, se detona un proceso de difusión de información y deliberación, así como un mayor nivel de politización y envolvimiento en los asuntos públicos. Hasta el momento solo participamos de manera regular y periódica en las elecciones populares.
Esto tiene que ver con una de las grandes búsquedas de quienes formamos parte de la Cuarta Transformación: el despertar de conciencias críticas y propositivas, para la constitución de una ciudadanía plena en su ejercicio y fortalecida en su fundamental papel en la democracia.
Finalmente, la revocación de mandato es a la vez símbolo y resultado inevitable del progreso y maduración de la democracia que tanto trabajo le ha costado construir a las y los mexicanos: transicionar de un modelo de democracia representativa a uno de democracia participativa.
Esta es una reflexión continua que deberemos acompañar y alentar en los siguientes meses. Nos enfrentaremos a las voces opositoras que buscarán insertar una narrativa que desincentive la participación en el proceso de ratificación de la confianza al gobierno en turno, lo que pone en riesgo el ejercicio de los derechos políticos de las y los ciudadanos.
Por lo que les invito a ver más allá de las fuerzas partidistas y de sus discursos contradictorios, más allá de la polarización, la revocación de mandato es un derecho ciudadano. Centremos el debate en la construcción de una democracia participativa, en el verdadero ejercicio de los derechos políticos de las y los ciudadanos y en que éste es un momento histórico para nuestro país. Participar es nuestro deber y votar es nuestra herramienta.
POR TEMÍSTOCLES VILLANUEVA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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