En febrero de 2019 advertí, desde el Senado de la República, lo que este gobierno se ha encargado de confirmar: la incapacidad también es corrupción y, al parecer, también muerte.
Recordemos algunos casos que lo han comprobado.
A la fecha, de acuerdo con diversos datos, en nuestro país se han registrado 400 mil muertes por la pandemia de la Covid-19. Sin embargo, el Gobierno Federal insiste en que mantiene una excelente estrategia contra esta emergencia sanitaria.
Otro caso es el que se registró en enero de 2019, cuando la explosión en un ducto de Pemex, cobró la vida de 137 personas, bajo la mirada de las autoridades.
Uno más, en febrero de 2020, cuando se reportó que a decenas de personas se les había suministrado heparina sódica contaminada en el hospital de Pemex en Tabasco, lo que dejó un saldo de 14 personas muertas.
No es normal que 27 personas mueran por el derrumbe de una viga del metro de la Ciudad de México, como tampoco es normal que 14 personas mueran en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, a causa de una inundación.
En este último caso, tres días antes de la inundación de la madrugada del 7 de septiembre, la autoridad municipal había advertido a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), al IMSS y al gobierno del estado, que las presas aledañas, Endhó y Requena, estaban a punto de desbordarse y que el río Tula, que descarga en ellas, traía mucha agua y las lluvias eran intensas.
El riesgo de inundación era muy alto por lo que era indispensable evacuar el hospital que se ubica al lado del cauce del río y reubicar a los pacientes.
Tres días de anticipación era tiempo suficiente para hacerlo, pero no se hizo.
La inundación colapsó la red eléctrica y equipos para suministro de oxígeno suplementario dejaron de funcionar, por lo que 14 pacientes con Covid-19 perdieron la vida.
Hasta el momento, ninguna autoridad ha asumido la responsabilidad por no haber actuado para evitar la tragedia. Guardan silencio ante la muerte de personas, de personas que estaban a resguardo de un hospital público.
Por ello, presente un punto de acuerdo, para solicitar a la Fiscalía General de la República (FGR) que inicie las investigaciones para deslindar responsabilidades de los servidores públicos involucrados.
Asimismo, pedí se exhortara a autoridades federales y estatales a indemnizar a los familiares de las personas fallecidas y darles apoyos suficientes como víctimas de esta tragedia.
¡Basta de tragedias impunes!
No pueden normalizarse los crímenes que se han registrado durante esta administración sin que haya responsables.
Es momento de deslindar responsabilidades y que haya justicia para las víctimas. Es momento que las autoridades reconozcan que, por incapacidad, se han registrado estas tragedias.
Lamentablemente, la incapacidad también es corrupción y también muerte.
POR XÓCHITL GÁLVEZ
SENADORA DEL PAN
@XOCHITLGALVEZ
MAAZ