La instrucción del INAI a la Fiscalía General de la República (FGR) fue elaborar una versión pública de la carpeta de investigación que se abrió con motivo del colapso de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, acaecido el pasado 3 de mayo. En un primer momento la FGR rechazó ser competente para conocer de esas denuncias, por tratarse de un asunto local, por lo que orientó al solicitante de la información a que se dirigiera a la Fiscalía Capitalina. Naturalmente, el reclamante de la información se inconformó ante el INAI, vía recurso y, entonces la FGR reconoció que el asunto era de su competencia y que había una carpeta de investigación en trámite.
El ponente del asunto fue mi compañero comisionado Adrián Alcalá, quien después de estudiar el caso proyectó resolver conforme la excepción a la regla de reserva de investigaciones ministeriales en proceso, dado que la excepción permite abrir en casos de actos de presumible corrupción.
Y a la vez propuso que sean protegidos los datos personales de los denunciantes en la versión pública que la FGR debe entregar, porque de hacerse públicos los pondría en riesgo. En cambio, y esa es otra cualidad del proyecto, que sí se deberán conocer los nombres de los servidores públicos y ex funcionarios involucrados. ¿Por qué? Por tratarse de un asunto de interés público.
Abrir o cerrar información pública —en aras de hacer lo correcto— debiera ser un dilema de alta prioridad para las autoridades y dependencias; por desgracia no es así. Cada vez la ciudadanía reclama más y mejor información de cada obra o de cada decisión adoptada, en trámite o cancelada. Sin embargo, a pesar del enorme esfuerzo institucional que se ha efectuado durante los últimos 15 años de manera progresiva, los “sujetos obligados”, como nombra la ley a las instituciones y dependencias públicas, no han superado que el dilema de abrir o cerrar la información pública es un deber central de su mandato y no una monserga o hasta una maldición; por inercia, como hace 20 años que no había legislación de transparencia, siguen apostando por cerrar antes de considerar abrir (entregar o facilitar ) la información. A veces por cautela y otras por desdén, también deliberadamente, las dependencias en general se resisten a entregar desde el principio aquella información que, conforme a la ley, se debe entregar al reclamante o, sin que medie solicitud, colocarla para su consulta en el portal institucional.
Durante largo tiempo, la afirmación de la existencia de Estado consistía en el control de la información pública, y esa misión era exclusiva de las autoridades superiores. Inclusive, según lo delicado de los asuntos oficiales, en democracia es y debe ser precisamente a la inversa: el Estado se confirma cuando existen certezas de los acontecimientos aún de aquellos que están rodeados de intereses políticos y económicos que los harían inaccesibles.
Esperamos que la FGR atienda pronto esta resolución.
POR FRANCISCO ACUÑA LLAMAS
ANALISTA Y CATEDRÁTICO DE LA UNAM
@F_JAVIER_ACUNA
PAL