Parafraseando a Borges, Podemos decir que una enciclopedia mexicana está escrito que las consultas se dividen en a)pertenecientes al presidente b)pertenecientes a la Suprema Corte c)pertenecientes al INE d) democráticas, e)antidemocráticas, f)apáticas g)triunfantes h)fracasadas i)vinculantes j)sin otro vínculo que casi siete millones de votantes k)que de lejos parecen consultas.
Esta enrevesada clasificación, aunque satírica da mejor cuenta de lo que ha ocurrido el domingo pasado que sesudos análisis de politólogos. Como dijo el descuartizador, vayamos por partes. Los demócratas del país llamaron a no votar para proteger la democracia. Movimiento asaz extraño, donde los haya.
Se llenaron los pulmones -y las columnas- pidiendo a los sufridos individuos listados en el Padrón electoral que boicotearan la consulta. Las autoridades federales, por su parte, nuevamente cuestionaron al organizador del instrumento y de su implementación, es decir el órgano de administrar los vehículos de la democracia, de no ser democrático. Y de esa manera, también, se desalentó el voto.
Quien diseñó la pregunta pudo haber salido de Si yo fuera diputado, satírica cinta de Mario Moreno, Cantinflas. Juzgue el lector de El Heraldo que -hipotéticamente- no fue a votar y no leyó la pregunta de marras. "¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?"
O sea que se imprimieron casi 94 millones de papeletas con un galimatías que en ningún momento hablaba de lo que se le dijo a la gente que era la razón de la consulta: el juicio a los expresidentes. Y aquí otro grupo entra al quite, los juristas para quienes la ley no se consulta. En estricto apego al derecho eso es una verdad del tamaño de la Piedra de Sol. ¿Por qué entonces Zapata -y Otilio Montaño- decidieron firmar el Plan de Ayala con la frase Justicia y Ley?
Porque en México, muy señores míos, puede haber justicia sin ley -la del talión o la de quienes linchan desesperadamente, o la de las autodefensas- y puede haber ley sin justicia, la de todos los días para millones de mexicanos pobres o para miles de personas de origen indígena que no saben español, para seguir documentando nuestro optimismo.
¿No sería mejor, entonces, haber desde el inicio comenzado a estudiar la pertinencia jurídica de enjuiciar el rol de nuestros gobernantes en el 2 de octubre, en el Jueves de Corpus, en Acteal, Aguas Blancas, Ayotzinapa? En el tristemente célebre sexenio del hoy risueño tuitero Vicente Fox -Ay, Martita- se nombró un fiscal especial y se pensó en una comisión de la verdad.
El planteamiento era un gran inicio si además de llegar a algo hubiese implicado la reparación, no solo el juicio o la disculpa del estado. Esos y otros crímenes siguen doliendo. La única consulta que puede considerarse nacional y de envergadura, como la del domingo pasado, fue la del llamado Fobaproa, a la que acudió un tercio de los votantes.
Ya sabemos el triste resultado de la primera, nuestros nietos seguirán pagando la deuda del rescate bancario y el error de diciembre. Alguna enseñanza debiésemos poder sacar, además de la borgiana clasificación de las consultas. Propongo una sencilla: valorar la democracia directa y convertirla en una práctica común.
Esto permitirá no solo pensar en instrumentos legales como el plebiscito o la revocación de mandato, sino que seamos tomados en cuenta en cientos de iniciativas de ley que afectan nuestros derechos y la vida cotidiana. En una democracia participativa se toma en cuenta no solo a nivel nacional, sino a nivel local, la voluntad de la mayoría en decisiones aparentemente nimias como la recolección de la basura, la inversión en infraestructura urbana, los presupuestos para escuelas públicas e incluso la regularización de ciertas drogas como la mariguana.
Para que estas consultas tengan efecto, como en la reciente, un cierto número de votantes debiera manifestarse. En la nuestra se necesitaban 37.4 millones de votos, el 40% de la lista nominal. La participación ciudadana entonces quedó más de treinta millones debajo de cualquier vinculación jurídica (aunque casi el 100% de los votantes tacharan el Sí).
En México el 92% de los delitos -no solo los de los expresidentes- permanecen impunes. Propongamos, por principio, una verdadera Comisión de la Verdad.
POR PEDRO ÁNGEL PALOU
COLABORADOR
@PEDROPALOU
MAAZ