Estados Unidos dejará Afganistán tras 20 años de presencia militar. A medida que las tropas estadounidenses se retiran, el grupo islamista Talibán (que gobernó el país entre 1994 y 2001) empieza a llenar los vacíos y recuperar el terreno perdido mediante la violencia. Ésta nunca se fue, pero hoy se recrudece. Tan sólo durante la primera mitad del año, la misión de la ONU identificó 1,659 civiles muertos y 3,254 heridos, una cifra récord desde que se tiene registro.
La historia empezó hace dos décadas. Tras los atentados del 11 de septiembre, el entonces presidente George W. Bush decidió invadir Afganistán bajo el argumento, cierto, de que los talibanes protegían a Osama bin Laden y otros líderes del grupo terrorista Al–Qaeda vinculados al ataque. Originalmente, esta guerra gozó de amplia legitimidad interna en EE.UU. y del respaldo de la comunidad internacional frente a la amenaza del terrorismo global que había dejado patente su violencia en los trágicos hechos de Nueva York y Washington. En parte, los objetivos inmediatos de la invasión se cumplieron: los talibanes fueron expulsados del poder y se asestaron golpes importantes para debilitar a Al–Qaeda.
Sin embargo, la invasión y el derrocamiento del régimen supuso la necesidad de mantener la presencia estadounidense a fin de evitar el colapso del país. Idealmente, se trataba de ayudar a crear un gobierno democrático, o por lo menos estable, como sucedió por ejemplo en Alemania del Oeste tras la Segunda Guerra Mundial. En Afganistán este empeño fracasó: los talibanes se replegaron, pero no dejaron de existir ni de mantener influencia; jamás se logró un pleno control territorial del país ni de los grupos insurgentes; buena parte de la población nunca vio a las fuerzas estadounidenses y sus aliados como libertadores, sino como invasores permanentes.
Afganistán es ya la guerra más larga y costosa en la historia de EE.UU. Hace un mes, murió uno de sus principales arquitectos, el exsecretario de la defensa Donald Rumsfeld. Al mismo tiempo, algunos de los soldados estadounidenses que aún están desplegados apenas habían nacido cuando inició el conflicto. Los últimos tres presidentes (Obama, Trump y Biden) han reconocido la necesidad de finalizar la presencia militar en un conflicto irresoluble. De hecho, el año pasado se firmó un acuerdo formal que estableció las condiciones de la retirada: un acuerdo de EE.UU. con los talibanes, para poner fin a la guerra que buscaba terminar con los talibanes.
La retirada de Afganistán obliga a cuestionar la eficacia de la intervención militar: si bien ésta puede derrocar dictaduras y desmantelar redes terroristas, ha demostrado ser inefectiva para crear alternativas de largo plazo que aseguren estabilidad, paz, prosperidad y autodeterminación para los pueblos que las padecen. Por eso, acertadamente, la tradición diplomática mexicana siempre ha rechazado el uso de la fuerza. Sin duda, la comunidad internacional debe impulsar la democracia y ayudar a los pueblos que sufren opresión, pero las salidas militares, históricamente, han demostrado crear más problemas y sufrimiento. En cambio, habría que estudiar casos como los Acuerdos de Chapultepec para poner fin a la guerra civil en El Salvador, negociados por la ONU y firmados en México en 1992.
Nota: aprovecho este espacio para suscribir la carta publicada el 28 de julio por el licenciado Juan Francisco Ealy, director de El Universal, y unir mi voz a la de mis compañeros articulistas. La libertad de expresión es fundamental en democracia y es un derecho constitucional. La crítica al poder es legítima y necesaria, más cuando se hace con el rigor, la libertad y la pluralidad de visiones que caracteriza a los colaboradores tanto de El Universal como de El Heraldo de México.
POR CLAUDIA RUIZ MASSIEU
SENADORA POR EL PRI
@RUIZMASSIEU
MAAZ