Nos gusta creer que las crisis son solo consecuencia de la fatalidad y no nos detenemos a pensar que algunas de ellas lo son de una estrategia y/o una política pública. Así, los mexicanos pasamos de una a otra -no me refiero exclusivamente a las económicas-, comentando y hasta ofendiéndonos del escándalo del momento que ahora toca al gas LP; lo que sexenio tras sexenio nos ha permitido acostumbrarnos a todo, casi que hasta a no comer.
En octubre conoceremos los resultados del estudio Doing Business (Haciendo Negocios) realizado por el Banco Mundial correspondiente al periodo 2021, más allá del Covid, ¿cuál es el preludio del sueño de la transformación?
En 2016 ocupábamos el lugar 38, 2017 el 47, 2018 el 49, 2019 el 54 y 2020 el 60 entre 190 países. La respuesta rápida, y hasta obvia, para la caída es que éste es un instrumento neoliberal y lo es, pero, como dice el clásico: una cosa no quita la otra. El estudio no mide temas relacionados con corrupción, considera principalmente regulación ineficiente y ambiente regulatorio. En el caso de nuestro país esta clasificación también considera a los órganos autónomos.
¿Por qué nos debe de importar? Porque los costos no los paga el gobierno en turno, los pagamos los ciudadanos. Toma seis veces más tiempo iniciar un negocio en las economías que están por debajo del lugar 50 (México ocupa el 60) que en las primeras 20 – en ellas no solo están países del llamado primer mundo-; en promedio, lograr una conexión de electricidad toma el doble de tiempo a quienes están a partir del 51 que del 1 al 20.
El estudio incluye un sumario sobre las reformas realizadas entre mayo de 2018 y ese mismo mes de 2019, que hacen más fácil o difícil hacer negocios en un país. En el caso de México y en específico de CDMX solo sacamos una espantosa X relacionada con permisos de construcción y el incremento de los costos por los permisos.
Esto no se detiene en los elementos que considera el Banco Mundial, otro ejemplo, es que de acuerdo con la Cofece no existen condiciones de competencia efectiva en el sistema de pagos con tarjeta en México, lo que ha provocado cuotas elevadas que inhiben la bancarización. Y, nuevamente, quienes pagan esas cuotas somos los ciudadanos, lo que nos aleja de la inclusión financiera.
Esperamos que los senadores aprueben rápido el Punto de Acuerdo presentado por el Senador Armenta a principios de este mes en el que solicita a la Cofece que no se limite a revisar las cámaras de compensación y que lo haga en el mercado en su totalidad. Es decir, que vea la cadena de comisiones que pagamos los usuarios en la mayoría de las instituciones financieras.
La comisionada presidenta Alejandra Palacios y los demás comisionados de éste y otros órganos autónomos deben ponerse vivos porque justo visiones y/o decisiones parciales o que no consideran el espectro completo es el viento que podría erosionar la autonomía del Ejecutivo por presunciones de parcialidad o dar golpes que duelen, pero no matan malas prácticas.
Nada de esto es nuevo, pero mientras autoridades y legisladores se toman su tiempo, tú y yo seguimos pagando con nuestro salario, ingresos o, en el caso de empresarios, sobre costos que limitan la competitividad y ponen a prueba el emprendedurismo, que en México se entiende más como sentido de supervivencia. Esto también atenta contra nuestras libertades.
POR ÓSCAR SANDOVAL
CONSULTOR, SOCIO DE 27 PIVOT
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@OSANDOVALSAENZ
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