La idea de la profesionalización en la administración pública o de privilegiar perfiles de expertos como centro de las decisiones a la hora de un nombramiento no es una idea nueva, aunque sigue generando discusión pública. A veces por extremos de un discurso de hiper especialización promovido por la derecha o incluso por el famoso 90 por ciento de honestidad y 10 por ciento de experiencia que ha llegado a defender el presidente AMLO.
¿Y esto por qué es un asunto de todas y de todos? Porque esta semana estará presente en la opinión pública la discusión sobre el nombramiento de la persona responsable de garantizar el respeto a los derechos humanos.
Como todo nombramiento relevante, debería ser una amplia discusión entre todos los sectores de la sociedad, pero como muchos otros temas se anticipa una discusión en la que al parecer sólo será invitada la mal llamada clase política. Por eso es indispensable dirigir reflectores hacia los perfiles que se han anotado un encargo tan relevante en un estado (nuestro estado) donde lo común es la violación permanente y sistemática de los derechos humanos.
Hasta el momento se conocen siete personas interesadas en ocupar esta posición: la presidenta, casualmente con licencia, del Tribunal de Justicia Administrativa, Myrna García; Guadalupe Gonzáles Jordán, exconsejera electoral; Ricardo Moreno; Moisés Jiménez, subcontralor de Tlalnepantla; Edgar Cruz, del sistema anticorrupción de San Mateo Atenco; Armando Martínez, de la defensoría de Derechos Humanos de Atizapán; y Antonio Lara Duque, abogado defensor de derechos humanos del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.
Si como le gusta a la derecha, se optara por la experiencia, la respuesta al mejor perfil sería Lara Duque sin ninguna duda y si como se podría esperar de la izquierda (con mayoría en la Legislatura actual) se decantaran por alguien que represente honestidad y compromiso con el encargo… pues la respuesta sería la misma, Lara Duque.
Así es que la decisión del defensor de derechos humanos, exintegrante del movimiento estudiantil del 99, abogado especialista, activista siempre, ha puesto en jaque a la Legislatura mexiquense. No es difícil pensar que los dados estén cargados hacia alguien del poder judicial con respaldo eruvielista, o para alguien que provenga de la espacialidad en la materia electoral, pero que mágicamente sea conversa a los derechos humanos. Difícil de pensar que lo anterior ocurriera no, pero sí inexplicable e inaceptable.
¿Qué tipo de procedimiento se espera, uno abierto a la opinión pública o uno de los llamados “fast track” donde todo podría acabar en un solo día? La posibilidad de dejar en una posición tan importante a alguien preparado y honesto está en manos de las y los diputados mexiquenses que están en la recta final de su periodo. La historia siempre da nuevas oportunidades, ojalá que ésta no sea desperdiciada.
POR DANIEL SERRANO
*LIDERAZGO POLÍTICO DE IZQUIERDA EN EL EDOMEX
dza