En días recientes la Suprema Corte de los Estados Unidos determinó que la decisión de la administración del presidente Joe Biden de finalizar el Protocolo de Protección a Migrantes, mejor conocido como el programa “Quédate en México”, promovido durante el gobierno del expresidente Donald Trump como respuesta a la crisis migratoria que está ocurriendo en la frontera México – Estados Unidos, pudo haber ido en contra de leyes federales.
Esta medida obligaba a poco más de 70 mil solicitantes de asilo en ese país a llevar su proceso en territorio mexicano con la intención de desalentar a los migrantes y sus familias de continuar con su solicitud, aprovechando la serie de complicaciones que conlleva una estancia prolongada en la frontera, sin considerar la situación de vulnerabilidad que eso representa.
A partir del inicio del gobierno del presidente Biden, que tiene como uno de sus grandes objetivos concretar una muy esperada reforma migratoria de fondo, se reabrieron las solicitudes de asilo mediante la Organización Internacional para las Migraciones y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados de la ONU, a partir de lo cual más de 10 mil migrantes, en su mayoría centroamericanos, pudieron continuar su proceso de asilo en los Estados Unidos.
Sin embargo, esta decisión ocasionó que un juez federal en Texas, atendiendo una demanda presentada por el Fiscal General de ese estado, de mayoría republicana, sentenció al gobierno federal a reanudar este polémico programa. Por otra parte, esta resolución reaviva la preocupación de sectores de la sociedad civil organizada en ambos lados de la frontera por la inminente violación de derechos humanos y garantías de seguridad que este fenómeno social causa en la zona, por ello también se han iniciado procesos legales presentados por colectivos civiles que buscan contrarrestar esta medida cuestionando su legalidad.
En ese sentido, se tiene prevista próximamente una reunión entre representantes de ambos gobiernos a fin de llegar a una solución diplomática de mutua conveniencia, o al menos eso es lo que se desea, no obstante, los equilibrios de poder entre ambas naciones sabemos que casi nunca lo son. Por una parte el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció que se activaron las rutas interinstitucionales entre ambos gobiernos, dando a entender que México tiene capacidad de decisión en el tema, pero desde Cancillería ya se publicó que este proceso judicial que se desarrolla en Estados Unidos, así como las medidas tomadas derivadas son unilaterales.
La postura del gobierno mexicano sigue siendo deliberadamente ambigua, por una parte se exime de responsabilidad de las acciones de EEUU y por otra, la postura desarrollada con un discurso de soberanía y autodeterminación, que dicho sea de paso, ha estado sujeto recientemente a la llegada de vacunas contra COVID-19 a cambio de limitar mediante la Guardia Nacional el flujo de migrantes desde Centroamérica.
Desafortunadamente, se trata de una situación compleja y dolorosa resultado de una necesidad de reestructurar la política migratoria desde una perspectiva más humana y objetiva. Los desequilibrios históricos en la región sólo se están viendo acrecentados por las consecuencias de una pandemia que revictimiza y genera cada vez una mayor necesidad de movilización.
POR AZUL ETCHEVERRY
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