Cuando el Instituto Federal Electoral (IFE) consiguió su autonomía del poder Ejecutivo en 1996, se inició un choque permanente entre el nuevo árbitro y los partidos políticos, en la medida en que los consejeros nombrados por el Congreso no respondían mecánicamente a los intereses de aquellos que los habían postulado para el cargo.
La posibilidad de despedir a los consejeros antes de terminar su periodo para el que fueron designados generó una enorme inestabilidad, principalmente después de que en 2007 el candidato derrotado, AMLO, consiguió aprobar una reforma electoral que, más allá de mayores regulaciones burocráticas, implicó el nombramiento de nuevos consejeros.
Así, la amenaza permanente de ser cesados se convirtió en el mayor impedimento para un instituto electoral sólido y capaz de resistir las presiones del gobierno en turno.
Y es precisamente lo que estamos viviendo en estos momentos, una vez que el Presidente de la República perdió el control que tenía sobre el Tribunal Electoral a través de la figura de José Luis Vargas.
La consigna expresa de Andrés Manuel López Obrador de destituir a todos los magistrados del Tribunal Electoral y a los consejeros del INE a través de una nueva reforma electoral, es producto de esa necesidad por parte del primer mandatario que ha acumulado poder sin contrapeso alguno, de quitarse de encima a un árbitro que le estorba para su objetivo de continuidad más allá de su sexenio.
Por supuesto que para ello requeriría de una reforma constitucional y no cuenta con los votos suficientes en ambas Cámaras del Congreso para su aprobación. Pero descalificar al INE y acusar a Lorenzo Córdova de corrupto y traidor, más allá del insulto sin fundamento alguno, le sirve a AMLO como argumento para desconocer cualquier resultado electoral adverso, y con ello preparar el terreno rumbo a lo que será la elección de 2024.
Acusar al INE de querer sustituir al Legislativo por intentar protegerse frente a la jugarreta de aprobar de último momento la consulta sobre revocación de mandato, y no tener el instituto electoral los recursos suficientes para llevarla a cabo, es parte de la estrategia del gobierno para pretender demostrar la incapacidad del Instituto Nacional Electoral en la organización de esta consulta. Los lineamientos lanzados por el INE fueron simplemente un llamado de atención a un irresponsable Poder Legislativo, que tardó más de un año en la aprobación de la ley reglamentaria a esta disposición constitucional, y así asegurarse de contar con los recursos para cumplir con su obligación.
Lo que realmente quieren es elecciones sin INE, o con un árbitro dispuesto a subordinarse al Ejecutivo como en el pasado.
POR EZRA SHABOT
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