Con las manos manchadas de sangre concluye su periodo de gobierno en Chihuahua el panista Javier Corral Jurado.
Este jueves se cumple un año de que José Joaquín Lázaro muriera por una negligencia, tras resultar infectado de COVID-19 en el Centro de Reinserción Social de Aquiles Serdán. Pero Lázaro no era cualquier reo. Fue director del Fideicomiso para el Fomento de Actividades Productivas en Chihuahua, en el gobierno de César Duarte, y permanecía en prisión desde 2018, acusado de un supuesto desvío de seis millones de pesos.
El gobierno de Corral y el Poder Judicial de la entidad, representado por la jueza de Control, Alejandra Ramos Durán, hicieron del proceso de Lázaro todo un calvario.
Lo mantuvieron en la cárcel a pesar de que el juicio podría llevarlo en prisión domiciliaria y cuando resultó infectado, el año pasado, le negaron el traslado a un hospital.
Hoy, un año después de su muerte, su familia no ha podido trasladar el cuerpo a la CDMX, lugar donde vivió toda su vida, excepto los años en que fungió como funcionario (2012-2014) y los casi dos años de reclusión.
Luz María Martínez, esposa de Lázaro, siguió, desde el primer momento, todo el desarrollo del caso; conoce a detalle cada una de sus etapas y ella misma encabeza hoy la nueva fase de esta interminable batalla legal.
Junto con un equipo de abogados ya tiene dos demandas en curso: la primera por daño moral contra el Gobierno de Chihuahua, Javier Corral y la jueza Ramos Durán; la segunda es por daño patrimonial contra estas mismas tres figuras. Además, a la jueza Alejandra Ramos también le espera otra denuncia ante el Consejo de la Judicatura.
Lázaro formaba parte de la veintena de exfuncionarios de Chihuahua que trabajaron en el gobierno de Duarte y terminaron vinculados a proceso por diversos motivos, pero sobre todo, por el ánimo de venganza del gobernador saliente.
Y si a los hechos nos remitimos, los resultados fueron muy pobres para el mandatario panista, a pesar de todos los recursos materiales y humanos que invirtió durante seis años para materializar su vendetta.
En una semana, Corral deja el cargo con varias recomendaciones por violaciones a los derechos humanos, fallos en su contra de la Suprema Corte y acusaciones por abuso de poder.
Políticamente, se va con el estigma de traidor, por querer destruir a su compañera de partido y próxima gobernadora de la entidad, Maru Campos, quien tendrá en sus manos la posibilidad de pagar con la misma moneda al que quiso convertirse en su verdugo. Socialmente deja un estado sumido en la pobreza y con altos índices de inseguridad, aunque lo peor de todo, dicen sus víctimas, se va con las manos manchadas de sangre, decenas de familias destruidas y juicios sin resolver.
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Y como dice el filósofo… Nomeaceurdo: “A menudo nos avergonzarían nuestras grandes acciones si el mundo se diera cuenta de los motivos que las produjeron”.
POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO
ALFREDO.GONZALEZ@ELHERALDODEMEXICO.COM
@ALFREDOLEZ
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