Si bien es cierto que sus 44 diputados y seis senadores han hecho la diferencia en importantes votaciones en el Congreso, el precio que paga la 4T por esta alianza con el Partido del Trabajo es muy caro, a nivel federal y en varias entidades.
El caso más reciente fue el enredo que enfrentó Morena en la Permanente para desaforar al diputado Mauricio Toledo.
No fue fácil hacer todo el entramado legal y político para retirar la inmunidad al experredista que se encuentra prófugo de la justicia. Hubo chantaje de por medio, pero no fructificó.
A pesar de eso, el caso fue como quitarle el dulce a un niño si lo comparamos con las inmoralidades y pillerías que cometen representantes del PT en algunos estados como en Tlaxcala.
Lorena Cuéllar será la primera en tomar posesión como gobernadora, el 31 de agosto, tras las elecciones del 6 de junio, y son los petistas los que más dolores de cabeza han ocasionado en el proceso de transición.
Encabezados por el diputado electo Miguel Ángel Covarrubias, la próxima fracción del PT en el Congreso tlaxcalteca se opone a la eliminación del llamado “fondo de los moches”.
Es una partida de 470 millones de pesos anuales (casi la mitad del presupuesto total del estado) que designó durante cuatro años el gobernador saliente Marco Antonio Mena para obras municipales, pero es utilizado para todo, menos para eso.
Lo más grave es que ese dinero era “repartido” entre los 25 diputados que conforman el Congreso Local.
Ellos decidían a qué ayuntamiento se les enviaba. Lo que generó muchos cuestionamientos desde su arranque. Sin embargo, nunca se modificó.
Esa es la razón por la que, entre sus primeras acciones, Cuéllar busca que el dinero llegue a donde debe, sin la intermediación del Legislativo que lo manejó a su antojo y con fines meramente políticos y clientelares.
No obstante, la nueva fracción del PT, integrada por tres diputadas (Gabriela Brito, Leticia Martínez, Lorena Ruiz) y su coordinador Miguel Ángel Covarrubias, se oponen al cambio.
No sólo eso, también quieren mantener las canonjías que impuso el PRI, como salarios de 300 mil pesos al mes para los legisladores, tres veces más de lo que gana López Obrador.
Y esta la forma en la que petistas quieren cobrar la alianza con Morena y sus gobernadores.
Tal vez sea la escuela que les impuso Alberto Anaya, dueño de la franquicia del partido que este año recibió 500 millones de prerrogativas para apenas salvar el registro, no ganar ni una diputación federal en las urnas, pero sí echarse a la bolsa 32 escaños plurinominales federales, gracias a su alianza con Morena.
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Nadie se explica cómo es que Héctor Pablo Ramírez Puga, después de ser acusado, en 2014, por Ricardo Monreal de ser partícipe de la Estafa Maestra, levante la mano para contender por la gubernatura de Oaxaca en medio de la intriga y disputas abiertas.
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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “En el vasto campo de la intriga hay que saber cultivarlo todo: hasta la vanidad del necio”.
POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO
ALFREDO.GONZALEZ@ELHERALDODEMEXICO.COM
@ALFREDOLEZ
dza