Gobiernos y gobernantes se instituyen para beneficio y en servicio de la ciudadanía. Bajo esa lógica, es innegable que, al tener el derecho de elegir a quienes nos representan, también debemos tener el derecho de revocarlos, si se pierde la confianza que depositamos en ellos.
Con la reforma constitucional que aprobamos de revocación de mandato hemos dado un gran paso en la democracia participativa. Ahora, las y los ciudadanos contamos con un mecanismo para intervenir en la remoción de su cargo al gobernante, cuya gestión esté afectando el interés público, las finanzas públicas, la gobernanza; así como la paz social.
Es tener la posibilidad de revocar el mandato a un Presidente, cuya administración no está funcionando, o está plagada de irregularidades y carente de transparencia; permite que se lleven a cabo los cambios indispensables sin un rompimiento del orden constitucional.
El artículo 35, fracción IX, de nuestra Constitución está elaborado de manera precisa, con un lenguaje claro, que determina los alcances de la figura y las líneas generales que deben cumplirse para realizar el procedimiento, lo que da mucha certeza sobre el tema. Sin embargo, esta claridad y certeza de la Constitución no se trasladó al dictamen de Ley Federal de Revocación de Mandato, que se discutió en el Senado.
La pregunta de “¿Estás de acuerdo en que (nombre), Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, continúe ejerciendo el cargo hasta que concluya su mandato?” refleja una ratificación de mandato. Se aleja de lo dispuesto en la Constitución, ya que, de acuerdo con el artículo Tercero Transitorio del decreto de reforma constitucional, esta revocación se da derivado de la “pérdida de confianza” en el titular de la Presidencia. No hay en el dictamen ninguna alusión al mandato constitucional.
Adicionalmente, la propuesta de dictamen no contempló el presupuesto que requerirá el INE para llevar a cabo el proceso, ni recoge del todo la prohibición de utilizar recursos públicos en la recolección de firmas o para la promoción y propaganda relacionados con los procesos de revocación de mandato.
Señalar que el dictamen que se discutió tiene estos problemas de fondo no es estar en contra de la figura de la revocación del mandato.
Sin embargo, se aleja del mandamiento constitucional. Por eso en la oposición votamos en contra del periodo extraordinario para su aprobación. Es un asunto que exige un análisis detallado, integrar un grupo de trabajo con expertos en materia constitucional y representantes del INE.
El partido Morena intenta confundir a la población. No estamos en contra de la revocación de mandato, estamos en contra de que se legisle sobre las rodillas con tal de que ellos acaten una instrucción presidencial.
No debemos legislar al vapor. Legislar con responsabilidad es nuestra tarea.
POR XÓCHITL GÁLVEZ
SENADORA DEL PAN
@XOCHITLGALVEZ
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