Al presidente se le ve contrariado, a la defensiva, irascible con sus detractores y cada vez más intolerante con sus subordinados. Quizá sea porque en los últimos días se le han descuadrado varios temas.
1. Revés económico. Los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) elaborada por el INEGI, así como el Informe de Medición de la Pobreza por parte del CONEVAL son un severo golpe a la presente administración. Entre 2018 y 2020, 3.8 millones de personas cayeron en pobreza y 2.1 millones en pobreza extrema. Al impacto de la pandemia se agregó el deterioro del año previo. Por un lado, en lugar de atender a los menos beneficiados, los programas sociales acabaron beneficiando a los deciles más altos de la población.
Y, por el otro, en plena contingencia sanitaria, 15.6 millones de personas perdieron acceso a servicios de salud. De nuevo, esto no derivó de la pandemia, sino desde la desaparición del Seguro Popular en 2019. Los datos son demoledores. El mantra oficial de “primero los pobres” se desmorona frente a la realidad.
2. (Doble) revés judicial. De manera tardía, luego de un desgaste innecesario y ante la inminente resolución en su contra, el ministro Arturo Zaldívar rechazó la ampliación de su mandato como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Finalmente, el ministro concedió la improcedencia de la medida aprobada por el Congreso de la Unión en abierta violación de lo dispuesto por la Constitución.
El segundo revés vino por parte de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que de manera concertada destituyeron a su titular, José Luis Vargas, ampliamente cuestionado por enriquecimiento indebido, así como por su alineación con el Ejecutivo federal. Dos buenas noticias para la independencia judicial, pero contrarias al ánimo controlador del presidente.
3. Revés legislativo. El último golpe a los deseos presidenciales se dio ayer en la Comisión Permanente del Congreso. Pese a los esfuerzos desplegados por Morena, fracasó por segunda ocasión la convocatoria a un tercer periodo extraordinario de sesiones a fin de reglamentar la consulta sobre revocación de mandato. La oposición votó en bloque e impidió la mayoría calificada necesaria para el efecto.
Esto no impide que la ley reglamentaria se discuta a partir de septiembre, pero contraviene la prisa del presidente por seguir en campaña rumbo a lo que ahora pretenden sea la “ratificación” de su cargo. Un sinsentido que costará 4 mil millones de pesos que urgen para paliar la pobreza y el abandono en materia de salud.
Si bien el Ejecutivo sigue gozando de amplia popularidad, los resultados de su administración están dejando mucho qué desear y, por el momento, los resortes institucionales muestran cierta eficacia frente a los impulsos autoritarios del poder. Con razón el presidente anda mal y de malas.
POR VERÓNICA ORTIZ
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