Algo ocurre en nuestro País, algo que va más allá de las graves crisis que en materia de pandemia, de inseguridad y de estancamiento económico azotan a la sociedad. El humor de la ciudadanía ha transitado vertiginosamente, en menos de mil días, de la esperanza a la decepción, de la crispación a la rebelión cívica soterrada, del temor a la ilusión de conseguir mediante el voto un cambio de rumbo, o al menos un cambio de actitud por parte de quienes nos gobiernan. Pero no es así; la confrontación sigue, y la amenaza contra el orden constitucional permanece como espada de Damocles prendida de la mano del caudillo en palacio nacional. Algo pasa en México que nos hace percibir que se encuentra en juego el porvenir de la nación.
La andanada presidencial en contra de las instituciones responsables de los procesos electorales y de la impartición de justicia y su agresiva negación del respeto al derecho ajeno a la discrepancia, hacen que su propuesta de una nueva reforma política electoral tenga más visos de amenaza que de afán reformador de estadista. Porque a todas luces sus objetivos no se ubican en el perfeccionamiento de nuestra democracia electoral sino en la destrucción de los obstáculos institucionales que le han dificultado el tránsito a un régimen protofascista según su diseño de la cuarta transformación.
Sin duda alguna la democracia en México debe seguir perfeccionándose a la luz de los resultados de los recientes procesos electivos. Pero una nueva reforma político electoral debe tener objetivos claros y fundamentarse en diagnósticos científicamente elaborados sobre la base de los principios constitucionales rectores de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza, autonomía, independencia y equidad. Una reforma política que sólo persiga la desaparición del INE y del Tribunal Electoral, en medio de un ambiente de polarización y de intolerancia política sería la puerta de entrada a la tiranía.
Una nueva reforma político electoral debe partir del análisis de los resultados de la transición democrática que vivió México entre 1977 y 1997, período en el que pasamos de un sistema de partido hegemónico a un sistema plural de partidos y de procesos electorales controlados por el partido gobernante a elecciones competidas y tuteladas por instituciones autónomas creadas para defender el voto e impartir justicia en materia electoral. Se debe revisar también el período de alternancias en el Poder Ejecutivo de 2000 a 2018 y las sucesivas reformas político-electorales de 2007, 2009, 2011, 2012, 2014 y 2020.
Se trata de profundizar en una fecunda crítica que nos permita fortalecer lo bueno y funcional y eliminar los diques legales y reglamentarios que entorpecen el adecuado desarrollo de las elecciones; revisar las figuras de la reelección legislativa, la representación proporcional, las candidaturas independientes, los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en los gastos de campaña, el financiamiento a los partidos políticos, la adecuación del sistema de nulidades y de medios de impugnación, entre otras cosas no menos importantes. Una reforma electoral no puede basarse en venganzas políticas ni en odios atávicos hacia las instituciones.
POR JOSÉ ENCARNACIÓN ALFARO CÁZARES
@JOSEEALFARO
MAAZ