COLUMNA INVITADA

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la evidencia

Ni la Agenda 2030 ni los ODS son un tratado jurídicamente vinculante

OPINIÓN

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Miguel Ruíz-Cabañas Izquierdo / Columna Invitada / Opinión El Heraldo de MéxicoCréditos: Especial

Hace seis años, en agosto de 2015, culminaban las negociaciones de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales fueron adoptados por unanimidad de los 193 estados miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 25 de septiembre de ese año. Ni la Agenda 2030 ni los ODS son un tratado jurídicamente vinculante. Su aplicación depende, en última instancia, de la buena voluntad de los gobiernos de cada país. Su fuerza real deriva de la utilidad que cada gobierno encuentre en ellos, y del empeño que ponga en su implementación. La mayoría de los gobiernos del mundo sí han mostrado interés en diseñar y aplicar políticas públicas alineadas a la Agenda 2030 y los ODS.  Los informes del Secretario General de las Naciones Unidas dan muestra de ello https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/

La Agenda 2030 y los ODS reflejan un largo aprendizaje de más de siete décadas en materia de promoción del desarrollo, y de políticas públicas en sus tres dimensiones, económica, social y ambiental. La Carta de la ONU (1945) y la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) se refirieron a las dimensiones económica y social del progreso humano. La mención a la dimensión ambiental del desarrollo se incluyó, por primera vez, muchos años después, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, celebrada em Estocolmo, en 1972. Pero fue hasta la llamada “Cumbre de la Tierra”, que tuvo lugar en Río de Janeiro en 1992, que el concepto fue realmente aceptado a nivel internacional. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible recogieron el concepto de sostenibilidad ambiental como una de las tres dimensiones básicas del desarrollo sostenible. Desde entonces, los gobiernos, el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil, las universidades y centros de investigación, todos hablan del desarrollo sostenible.

El desarrollo sostenible pone a la persona humana en el centro de las políticas públicas. Eso significa que el desarrollo sostenible está basado en valores fundamentales, como el respeto a los derechos humanos de todos, y en los ideales de paz que contiene la Carta de las Naciones Unidas. Los ODS buscan alcanzar la erradicación de la pobreza, el hambre, la malnutrición, la salud, la educación y la igualdad de género, entre otras cosas, porque buscan beneficiar a las personas, mantener la paz, hacer que el progreso material no excluya a nadie, proteger al planeta, y fortalecer las alianzas entre todos los actores a todos los niveles.

En ese sentido, la idoneidad de cualquier política pública debe juzgarse a partir del beneficio concreto que represente para las personas, o grupos de personas, a las que está dirigida, y si favorece la paz, el progreso, y protege el medio ambiente. Cuando se negociaron y adoptaron los ODS en 2015, el énfasis en poner a las personas al centro de las políticas públicas representó un cambio importante de paradigma del desarrollo. No basta que una determinada política pública, o una acción de cooperación internacional favorezca, en teoría, a un país o a un grupo de países en su conjunto. Hay que analizar y, en su caso comprobar, que sus beneficios llegan a las personas para quienes se dirige esa política, sin excluir a nadie, sin dejar a nadie fuera o atrás.

Otra característica fundamental de los ODS, que se deriva del compromiso de no excluir a nadie de los beneficios del desarrollo, es la necesidad de que éstas se diseñen e implementen sobre una base de conocimiento empírica, sobre una base científica, si es posible. Los prejuicios, las creencias arraigadas, pero nunca comprobadas, la inercia burocrática, los caprichos de los líderes, o los intereses particulares de una persona o grupo de personas, sean éstos de carácter financiero, económico, político, cultural, o bien creencias religiosas de cualquier tipo (desde luego respetables en sí mismas la mayoría de ellas, aunque no todas) no deben ser nunca la base para adoptar nuevas políticas públicas.

En ese sentido, la Agenda 2030 y los ODS subrayan la importancia fundamental de que la ejecución de todas las políticas, planes, programas y acciones de los gobiernos a todos los niveles, sean debidamente evaluadas. Los resultados deben medirse, compararse, proyectarse y, solo en el caso de que hayan demostrado sus beneficios, escalarse, multiplicarse. En caso contrario, deben ser desechadas. Para lograr una evaluación adecuada y transparente de los costos y beneficios de las políticas públicas, se requiere de organismos técnicos altamente especializados, y sobre todo independientes del gobierno en turno. Solamente así alcanzan la credibilidad nacional e internacional que exige su labor. Un organismo de evaluación de políticas públicas que no tiene autonomía está condenado al fracaso y, al final, a su total descrédito.

Afortunadamente, en México sí contamos con organismos autónomos, de gran solidez técnica, que alcanzan resultados notables en su labor de medir los resultados de las políticas públicas de los gobiernos en turno. Me refiero al INEGI y al CONEVAL. Los resultados de su actividad están a la vista. Después de varios lustros de un trabajo técnico impecable, han logrado plena credibilidad entre propios y extraños. Me constan dos cosas. Que los gobiernos en turno, desde hace muchos años, en ocasiones se incomodan y cuestionan sus resultados cuando consideran que sus resultados no les favorecen. También me consta que sus estudios son altamente reconocidos a nivel nacional e internacional.

El principal destinatario, y beneficiario, de la labor que realizan los organismos especializados y autónomos que miden los beneficios de las políticas públicas, deben ser los gobiernos, a todos los niveles. Los gobernantes deben atender, no ignorar, la evidencia. Si las políticas públicas que contienen los planes de gobierno están dando los resultados más deseables, los estudios del INEGI y CONEVAL proporcionarán la evidencia. Se comprobará que son las adecuadas, por lo que deben fortalecerse y multiplicarse. Pero si sus resultados de esas políticas no son los esperados, el gobernante está obligado a rectificar. Como decía Einstein, si se continúa haciendo lo mismo, tendrás los mismos resultados. No se deben esperar resultados distintos.

Recientemente, en un documento notable por su calidad técnica, el CONEVAL publicó su análisis sobre las tendencias, entre 2018 y 2020, en materia de pobreza, pobreza extrema, carencia alimentaria y acceso a servicios básico de salud, entre otras cosas, basándose en los datos que son el resultado del trabajo técnico del INEGI. (https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx) Sus resultados muestran que, en los últimos dos años, se incrementó la pobreza extrema en 3.8 millones de personas, y que la población que no tiene acceso a servicios básicos de salud, se incrementó de 16.2 por ciento a 28.2 por ciento del total de la población, es decir, de 20.1 a 35.7 millones de mexicanas y mexicanos, donde al menos la mitad son niños. Estos resultados nos alejan aún más de la posibilidad de alcanzar los ODS 1, erradicación de la pobreza extrema, y ODS 3, salud y bienestar para todos, en 2030. Frente a esos resultados, se impone por lo menos un examen a fondo de las causas de estos graves retrocesos, que la mayoría de los expertos no atribuyen a la pandemia. Hay evidencia de que, particularmente en salud, algo no está funcionando bien. Ojalá y haya la sabiduría para revisar y, en su caso, rectificar. Más de lo mismo, nos llevará a los mismos o peores resultados.

*MIGUEL RUÍZ-CABAÑAS
PROFESOR, Y DIRECTOR DE LA INICIATIVA SOBRE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL TECNOLÓGICO DE MONTERREY
@miguelrcabanasmiguel.ruizcabanas@tec.mx

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