Esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Secretaría de Gobernación trabaja en un decreto que pretende la liberación de personas privadas de su libertad, a nivel federal con más de 10 años sin haber recibido una sentencia por delitos graves.
De igual forma, este decreto comprende a adultos mayores de 75 años que no hayan cometido este tipo de delitos, así como personas de 65 años o más con enfermedades crónicas con estas mismas características jurídicas, a través de un proceso simplificado.
Dicha medida también comprende a todo interno que haya sido víctima de tortura comprobable durante su detención. Se trata de una medida importante si consideramos que en México existe una población privada de su libertad de alrededor de 220 mil personas, de las cuales casi 95 mil no han recibido una sentencia, lo que equivale a un 43% del total nacional.
Sin duda estamos hablando de una decisión polémica que debe ser bien analizada que podría representar un beneficio para esta población vulnerable, en virtud de las modificaciones legislativas que ponderan la reivindicación de los derechos humanos y la presunción de inocencia en el país.
Vale la pena recordar que ya hace una década se realizó una reforma constitucional en materia de derechos humanos, que acompañada a la reforma del sistema procesal penal se homologó el proceso penal a una escala nacional, no obstante dicho decreto sólo aplicará a nivel federal y delitos no graves, lo cual acota en buena medida su alcance.
A pesar de ello, el sistema legal mexicano intenta reinterpretar la concepción punitiva de castigo por uno más humano, que privilegia la reinserción social del individuo. Desafortunadamente, este universo de presos con estas características refleja las profundas carencias de un sistema de procuración de justicia que se traducen en violaciones del debido proceso, jueces incapaces y rebasados que conllevan a la sobrepoblación carcelaria y propician al autogobierno de centros penitenciarios donde la violencia y delincuencia se replican.
Si bien la respuesta del presidente es importante no es innovadora ni mucho menos. Es gracias al esfuerzo de la sociedad civil organizada e instituciones no gubernamentales locales e internacionales, quienes convergen hacia la visualización de este serio problema en México y han derivado el apoyo de instancias como la ONU, la CIDH, la CNDH, así como las comisiones estatales que dentro de sus capacidades limitadas informan y recomiendan al gobierno para que los internos en México reciban el trato digno y acceso a la justicia que amparan sus derechos.
Hoy las prisiones en México están saturadas, en parte, con personas que reciben su castigo anticipado, contrario a la lógica penal, consecuencia de una visión restrictiva de los derechos de las personas, situación que se ve empeorada por el prejuicio de una sociedad simplista que sólo quiere ver encarcelados a quienes infringen la ley, sin considerar los factores que lo determinan a hacerlo, ni percibe la solución de fondo del problema de seguridad pública y disminución de todo tipo de delincuencia.
Es importante priorizar la racionalidad, más cuando se trata de la aplicación de penas de prisión en un sistema que alarga innecesariamente el trayecto y urge modificaciones contundentes multisectoriales, que incentiven mejores mecanismos de procuración de justicia en México.
POR AZUL ETCHEVERRY
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