Hoy se celebra la primera consulta ciudadana legal y constitucional en la historia de México. Debiera ser un momento de celebración y júbilo democrático. Sin embargo, no es así: ni existe ambiente de celebración ni está generando júbilo. La razón es sencilla: se pervirtió el sentido ciudadano de la consulta desde su inicio. No es ni popular ni ciudadana.
Para que tuviera un verdadero sentido ciudadano, su aprobación e implementación tenía que surgir a partir de la recolección de firmas ciudadanas ante un reclamo por un conflicto o un planteamiento de política pública. Esa recolección de firmas debía partir de ciudadanos comprometidos con una causa.
La idea surgió inicialmente a partir de una propuesta del Presidente López Obrador-realizar una consulta para enjuiciar a presidentes anteriores-y fue recogida por militantes de Morena quienes empezaron una campaña de recolección de firmas. La propuesta era clara: se proponía llevar a juicio a los ex Presidentes desde Salinas de Gortari hasta Peña Nieto. Para ese propósito se inició la campaña de recolección de firmas, con una fecha fatal para reunirlas.
Repentinamente el Presidente López Obrador dijo que no era su campaña y que ni siquiera pensaba ir a votar. Es más, dijo que, en el caso de votar, lo haría en contra de la propuesta-su propia propuesta. Además, quería que esa consulta ocurriera el mismo día de las pasadas elecciones del 6 de junio.
Este zigzagueo presidencial respondía a un intento por ocultar lo inocultable: que la consulta no surgía de una demanda ciudadana auténtica, sino de una instrucción presidencial a los militantes de Morena.
Conforme se acercaba la fecha fatal para la entrega de la propuesta a ser votada con sus correspondientes firmas ciudadanas apoyando la iniciativa, quedaba evidente que sus promotores no lograrían alcanzar la meta de las firmas requeridas. Es más, faltaban millones de firmas, y apenas tenían algunos cientos de miles.
Viendo que los “ciudadanos libres” que recolectaban las firmas no iban a alcanzar su meta, el Presidente tomó la iniciativa de presentar su propia propuesta-la que él no votaría, debo insistir-a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que, obediente, la recibió y procedió a dictaminar sobre el texto de la consulta.
Coincidentemente y de manera sorpresiva los “ciudadanos libres” aparecieron con dos millones de firmas para dar inicio al procedimiento. Las instituciones optaron por ignorar a los ciudadanos, suponiendo el carácter fraudulento de sus documentos presentados, y centró su interés en la propuesta del Presidente. Y el resultado fue que la Corte cambió la redacción por una propuesta que, en el mejor de los casos, es un galimatías incomprensible y en el peor es una cantinflada insultante a la inteligencia de la ciudadanía.
Además, la SCJN fijó la fecha de la consulta para el 1 de agosto, de conformidad con la ley vigente que regula las consultas públicas. Y así nació la consulta pública que se realiza, casualmente, el día de hoy.
La consulta que propuso y promovió el Presidente pero donde dice que no votará, aunque dice que, si lo hiciera, votaría en contra de su propia propuesta, ya se hizo legal y constitucional por una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las supuestas firmas de millones de ciudadanos pidiendo la consulta pública quedaron, literalmente, archivadas y en descrédito. La consulta se hace a petición del Presidente de la República y no a partir de las firmas ciudadanas, algunas reales y otras inventadas.
Es decir, la consulta se hará porque la pidió el Presidente y no la ciudadanía. Él diría que responde a una petición del pueblo, pero esa narrativa es manifiestamente falsa. La consulta fue su propuesta, quiso incluso que realizara el 6 de julio para poder meterse personalmente en la campaña (cosa que hizo de todas maneras) y tenía la intención de mantener el discurso de su gobierno contra los gobiernos anteriores y profundizar la polarización social del país. Por tanto, la consulta ciudadana de hoy surge como una maniobra electoral fracasada, y no a partir de una auténtica demanda ciudadana.
El argumento de que hay que participar en la consulta porque es necesario reprobar el pasado cae por su propio peso. El gobierno de López Obrador está repleto de representantes del pasado. Es imposible separar su gestión actual del pasado. Y cualquier intento por hacer esa separación o diferenciación con el pasado es simplemente un ejercicio de retórica política. Bartlett, Ebrard, López Obrador, Sheinbaum, Delgado, Monreal, Durazo, Sánchez Cordero, Encinas y muchos más: son ecos y emisarios del pasado.
Entonces, la consulta que acontece hoy es un ejercicio de retórica política y forma parte de la lucha política en el país. No es un ejercicio de “consulta pública ciudadana” como la concibe la ley en la materia. No es un acto ciudadano ni responde a auténticas firmas ciudadanas recabadas para defender una causa sentida. Perdió ese sentido en el momento en que la propuesta de la consulta salió de Palacio Nacional, ajena a cualquier reclamo ciudadano auténtico.
Lo que vive México hoy es un ejercicio impuesto al país por el Presidente, pasando por la condescendencia de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este hecho, tan esencial para definir el carácter deformado de la consulta, es lo que explica, en gran medida, el desinterés social que rodea el evento y su falta de legitimidad.
Los ciudadanos que no participen en el evento van a superar con creces a quienes optan por acudir a votar. La razón es sencilla: el descrédito de la ciudadanía hacia los partidos ha alcanzado, con furia, a Morena, el partido oficial del gobierno de López Obrador. Lo que debería ser un ejercicio ciudadano ha sido secuestrado por Morena y López Obrador. Perdió su esencia legal y, con ello, toda credibilidad.
Inevitablemente el resultado será una derrota para el oficialismo, al no alcanzar el 40% del padrón electoral. Pero, más importante, es una derrota para el concepto de la consulta ciudadana. Al haberse pervertido totalmente su legitimidad con la imposición de la agenda presidencial en un ejercicio que debiera ser eminentemente ciudadano, se traicionó una conquista legítima del pueblo mexicano: su derecho a la consulta ciudadana.
La consulta no es popular ni ciudadana. Finalmente la experiencia nos deja sin celebración y carentes de júbilo.
POR RICARDO PASCOE PIERCE
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MAAZ