“En la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Período de cada año de ejercicio del Congreso, el Presidente de la República presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país.” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 69). Este es el fundamento constitucional del Informe presidencial en su redacción actual. Tanto la Ley Orgánica del Congreso, como el Reglamento Interior de la Cámara de Diputados, se encargan de detallar los modos, tiempos y características del Informe anual. Las sesiones del Congreso de la Unión inician el 1 de septiembre.
Al presentar el estado que guarda la administración pública, el titular del Ejecutivo hace un ejercicio de rendición de cuentas ante el Poder Legislativo. Éste debe contener un análisis de los avances que se han tenido en la ejecución de los programas inscritos en el Plan Nacional de Desarrollo, que contiene los objetivos prioritarios del sexenio.
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El Informe presidencial es un ejercicio republicano necesario para conocer el pulso de la nación y el desempeño del gobierno. El formato ha sido modificado en distintas legislaturas hasta llegar en el presente a la entrega del documento – y muchos anexos – por parte de la Secretaría de Gobernación a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en contraste con la exaltación del Presidente, que antaño acudía a la Cámara de Diputados a ser vitoreado por sus grandes logros.
En la presente administración se ha abusado tanto de la figura del ‘Informe’, que el cumplimiento de la obligación constitucional no parece tener relevancia. El III Informe de Gobierno debe ser entregado el próximo 1 de septiembre, cuando inicia sus labores la LXV Legislatura. No nos confundamos.
Respecto del último ‘Informe’ de la semana pasada, al cumplirse tres años de la jornada electoral de 2018, podemos decir que fue una reiteración de afirmaciones falsas o de medias verdades. Algunos ejemplos: ‘es público y notorio que informamos y respondimos a tiempo’ en la pandemia, ‘en el campo se está produciendo sin limitaciones’, ‘no hemos aumentado en términos reales los precios de las gasolinas, el diesel, la luz…’, ‘ya estaban integrados los grupos delictivos cuando llegamos’, ‘no creo que se hayan creado nuevos grupos’.
Sobre las recientes elecciones afirma que ‘se les ganó en buena lid, porque el pueblo es sabio’ y que ‘se integró un bloque conservador para enfrentarnos’, ‘la bancada a nuestro favor tendrá una cómoda mayoría’ en la Cámara de Diputados, y por esa razón no se podrán eliminar diversos programas sociales, ‘como pretendían’. Al referirse a ‘los conservadores’, dice que aborrecen a los pobres, y que - con honrosas excepciones - ‘son clasistas, racistas, e hipócritas’.
Estas expresiones y esta actitud configuran una utilización de la investidura presidencial para ofender sin recato, para mentir sin ambages y sin consecuencias. López Obrador se sitúa claramente en una cancha, enfrentando a la de enfrente. Quien es Presidente debe conciliar las posiciones de todos, para conducirlos, orientarlos, gobernarlos. ¡Qué lejos de eso se encuentra el actual Presidente de la República!
POR CECILIA ROMERO CASTILLO
COLABORADORA
@CECILIAROMEROC
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