En tono de sorna, hay quienes dicen que en la consulta ciudadana del domingo habrá más observadores electorales y funcionarios de casilla que votantes.
Y es que muchos expertos y promotores de este ejercicio democrático auguran una participación ciudadana pobre, a pesar de ser este el primer experimento de esta naturaleza en la 4T.
Incluso, hay quienes dicen que estamos viendo la crónica de una muerte anunciada de algo que se vendió como el primer paso para enjuiciar a los expresidentes, porque terminará siendo una cosa completamente diferente.
Javier Martínez Reyes, investigador del CIDE, lo describe de la siguiente forma: miente quien diga que la consulta servirá para llevar a tribunales a uno o más expresidentes, porque más allá del grado de participación y el resultado, jurídica y constitucionalmente es improcedente. No hay materia.
Y por si alguna duda queda sobre esto, el titular de la UIF, Santiago Nieto, comentó que, en la mayoría de los casos de los expresidentes, si es que hubo algún delito, éstos ya prescribieron.
Sólo habría posibilidad de enjuiciar a Enrique Peña y a Felipe Calderón, siempre y cuando hubiera elementos, pero en esta ocasión tampoco es el caso.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación no sólo cambió la pregunta que desde un inició planteó el presidente López Obrador, sino que modificó toda la materia.
La Corte dijo una cosa muy clara: no se puede preguntar a la gente y no se puede someter a votación si se investigan o no los delitos, porque esas son obligaciones que tienen las fiscalías y los poderes judiciales.
Eso que quería AMLO y lo que dicen las campañas de “juicio de los expresidentes” es inconstitucional, viola el derecho de las víctimas; viola las garantías de independencia, la autonomía de las fiscalías y los poderes judiciales, y hasta podría violar la presunción de inocencia y el principio de equidad. Por donde se le vea, todo esto terminará siendo un dislate; un ejercicio inútil y costoso.
No sólo por los 528 millones de pesos que destinó el INE para su organización y difusión, sino por la cantidad de gente que estará involucrada y por la infraestructura.
Serán instaladas 57 mil mesas receptoras, una tercera parte de las que se instalaron en la elección del pasado 6 de junio, y contará con una participación de 286 mil funcionarios de casilla.
A eso hay que sumarle los 45 mil observadores registrados, 15 mil más que los que participaron en las pasadas elecciones intermedias.
También hay que sumar el gasto sin reportar que están ejerciendo algunas organizaciones y partidos políticos, como Morena, en el reparto de folletería y renta de anuncios espectaculares.
De todo eso alguien tendrá que rendir cuentas, pero más la autoridad federal, por usar los recursos del Estado para un ejercicio que nació muerto. De hecho, el propio Presidente anunció que no participará.
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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Si nos inclinamos demasiado hacia la democracia, pronto caeremos en la monarquía”.
POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO
ALFREDO.GONZALEZ@ELHERALDODEMEXICO.COM
@ALFREDOLEZ
MAAZ