El domingo 1 de agosto, el lopezobradorismo quiere que los ciudadanos seamos cómplices de un fraude auto infligido. La consulta popular para “enjuiciar expresidentes” es un engaño para manipular las emociones de la gente y hacer creer que se hará justicia. Es falso. Participar en ella no es un acto cívico; al contrario, sería legitimar una mentira, un despilfarro de recursos y un acto de ilegalidad. Comparto mis razones para no ser parte de este fiasco.
La consulta no es para “enjuiciar a expresidentes”. Aunque tramposamente la propaganda del gobierno y de Morena así lo estén anunciando, esto es falso. La pregunta que se someterá a votación dice: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?” Si usted no entendió, no se preocupe, no es cosa suya: la pregunta es intencionalmente ambigua, y por eso, cualquiera que fuese el resultado no tendría ninguna consecuencia legal. Es propaganda pura y deja la decisión en última instancia al presidente y no a los ciudadanos.
No se necesita una consulta para hacer justicia. Legalmente, es imposible enjuiciar a una persona (quien sea) sólo porque mucha gente vote. Eso sería salvaje y abriría la puerta a innumerables abusos. Imagine que sus vecinos “sospechan” que usted es “malo” y deciden votar para quitarle su casa y expulsarlo de la colonia. Pues así de peligroso sería. Lo que sí se puede y debe hacer es que, si las autoridades tienen pruebas de que alguien cometió un delito, inicien un proceso judicial ajustado al debido proceso. Si este gobierno quiere hacer justicia no necesita consultar nada: está en sus manos investigar y castigar a quien resulte responsable. Durante casi tres años han tenido el poder y no han querido hacerlo.
Es un derroche de dinero público. Esta consulta costará más de 500 millones de pesos. Todo ese dinero se tirará a la basura, sea cual sea el resultado, pues como dijimos, no tendrá efectos legales para “hacer justicia”. Este desperdicio de recursos ocurre mientras hay miles de enfermos sin medicinas ni tratamientos, entre muchas otras necesidades sociales reales. La consulta es un crimen presupuestario contra el pueblo de México.
No habrá comisiones de la verdad. Algunas personas piensan que la consulta podría aprovecharse para crear “comisiones de la verdad” que investiguen abusos del pasado. Quienes piensan pecan de ingenuidad, en el mejor de los casos. Este gobierno sistemáticamente le ha dado la espalda a las víctimas y en ningún momento ha expresado su intención de construir ese tipo de mecanismos, los cuales tampoco requieren de una consulta.
Es un distractor propagandístico. El objetivo real de la consulta es beneficiar al gobierno de diversas formas: para desviar la atención y que los ciudadanos no hablemos de lo que verdaderamente importa, como la inseguridad o el desempleo; para mantener movilizada a la base lopezobradorista; y para crear la ficción de que el gobierno sí quiere combatir la corrupción, aunque en realidad no ha hecho nada en tres años.
Para ser legalmente válida, la consulta necesita el 40% de participación, algo que se observa bastante lejano y muy probablemente no se alcance. Lo invito a que no sea parte de esta farsa y comparta con amigos y familiares las razones para desenmascararla. Debemos enviar un mensaje claro: que los ciudadanos libres no estamos dispuestos a ser los tontos útiles del lopezobradorismo, ni vamos a avalar sus mentiras ni su propaganda.
POR GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE
DIPUTADO CIUDADANO EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
@GUILLERMOLERDO
DZA