En días recientes el Consejo General del INE acordó la imposición de una multa de 40 millones de pesos y la suspensión por un año las campañas publicitarias del Partido Verde Ecologista, como parte de una larga lista de sanciones y multas que el partido ha recibido por incumplir con los reglamentos electorales durante procesos democráticos recientes.
Haciendo un breve recuento, tan sólo en junio pasado el organismo multó al partido con más de cinco millones de pesos por no reportar operaciones acordadas con proveedores, mientras que en 2015 la multa fue por siete millones por la contratación de figuras públicas para promoción electoral en contradicho de lo dispuesto en la ley, tal y como ocurrió en el reciente proceso electoral. En ese sentido, la sociedad civil solicitó al INE la remoción del registro al Partido Verde, petición que se había hecho anteriormente, sin embargo, no resultó como se esperaba.
Las violaciones en las que este partido incurre se tratan de hechos reiterados que se han ido tolerando en buena parte por el beneficio que sus alianzas con los partidos en el poder conllevan en el número de representantes que logran conjugarse en el congreso y hoy Morena lo sabe.
La relación entre el Partido Verde y Morena se ha tensado en fechas recientes a pesar de que se postularon en alianza electoral. Declaraciones como las del hoy Senador Manuel Velasco, en las que indicó que se tendría que valorar la alianza con Morena, han hecho que rápidamente el propio presidente intervenga a través de investigaciones financieras en su contra mientras fungía como gobernador de Chiapas.
La influencia que tiene el partido en el Congreso no es tema menor. Hoy más que nunca que se pretende construir una oposición seria, el número de curules ocupadas por el Verde son un botín más que deseable considerando la fragilidad entre mayorías absolutas y calificadas que se presenta, así como la lealtad a la medida que en ese partido domina. Por lo pronto al partido le conviene mantenerse cerca del poder como forma de subsistencia y a Morena le conviene siempre y cuando no cuestione su forma unilateral de hacer política y ejercer el poder.
Retomando la reciente decisión del INE, considero que nuevamente se trata de una forma de alejar la discusión sobre una verdadera representatividad del electorado mexicano, la formulación de mayorías y la concepción de contrapesos dentro de una democracia que se distancia cada vez más de la gente. Los criterios que se toman para castigar conductas ilegales reiteradas dentro del Instituto parece que se basan más en criterios políticos que verdaderos sustentos jurídicos, a partir de los cuales la opción de una cancelación de registro no debería quitarse de la mesa.
POR AZUL ETCHEVERRY
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