El próximo 1 de agosto debían entrar en vigor las disposiciones que modifican en México la práctica de la subcontratación, conocida como outsourcing; sin embargo, el incumplimiento de empresas y el gobierno orillaron, una vez más, a que el Congreso de la Unión le entre al quite.
El senador Ricardo Monreal presentó una iniciativa de ley para prorrogar 30 días la puesta en marcha de tan controvertida reforma, debido a que sólo 30 por ciento de las empresas pudo cambiar su régimen de contratación.
Pero lo más penoso del caso es que las entidades de gobierno tampoco lo han hecho. Su nivel de cumplimiento anda por el mismo rango.
Pese a que el presidente López Obrador vendió la reforma como una de sus acciones de mayor avanzada, para eliminar la evasión de impuestos y mejorar los ingresos de los trabajadores, poco eco tuvo, no sólo entre la IP, sino en su propia administración.
De acuerdo con la Organización Mexicanos contra la Corrupción, el gobierno es uno de los principales clientes de empresas que se dedican a ese negocio.
Entre 2019 y 2022, asignó contratos por al menos 5 mil millones de pesos. Y el Banco del Bienestar es el que más ha gastado: 408 millones de pesos en 2019 y 463 millones en 2020.
Otras dependencias cuentan con servicios similares, como las secretarías del Bienestar, Economía, Hacienda, Relaciones Exteriores, Marina, la Sedena, Cultura, la SEP, Banobras, el IMSS y el ISSSTE, entre otras.
Como dice el clásico: El buen juez, por su casa empieza, y éste no es el caso, aunque la ley establece que la administración pública tiene hasta el 1 de enero de 2022 para incluir en la nómina a los trabajadores que tiene por subcontratación. Sin embargo, no hay plazo ni política pública para hacerlo (ni en el gobierno ni en la IP) tanto que el Congreso hace malabares para dar un mes de gracia, por lo que los próximos 29 y 30 de julio se llevará a cabo un periodo extraordinario de sesiones para desahogar el tema. Como siempre, al cuarto para las 12.
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¡Oh! Y ahora, ¿quién podrá espiarnos? Se dio a conocer esta semana que el gobierno de Enrique Peña pagó un contrato millonario por el sistema Pegasus
que, entre otras cosas, espió a 15 mil mexicanos, entre políticos, activistas y periodistas. Lo más extraño es que justo en el momento que se conoce la noticia, nos enteramos que fueron hackeados los celulares del senador Ricardo Monreal, jefe de Morena en la Cámara alta, así como los de los alcaldes de Cuajimalpa y Miguel Hidalgo, Adrián Rubalcava y Víctor Hugo Romo.
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El pasado 14 de julio publiqué en este espacio que el boom inmobiliario en Yucatán ha desatado la ambición de algunos empresarios, como el caso de Grupo Vive, que pretende adjudicarse 300 hectáreas del campus de la Universidad de Chapingo en el estado. Por esa razón, el miércoles la Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo en el que exhorta al rector de esa casa de estudios, y al subdirector del Centro Regional, Manuel Jesús Negrete Quijano, a que en un plazo máximo de 15 días entreguen un informe de la transacción. No obstante, el rector José Solís Ramírez fue destituido, hace un mes “por incumplimiento y omisiones” y el interino es Eusebio Dagoberto Torres, pero no ha tomado posesión.
Por otro lado, la Permanente también pidió la intervención de la Secretaría de Economía, que encabeza Tatiana Clouthier, para que determine si en esta operación los empresarios involucrados: Juan Manuel Ponce, vicepresidente de la Canacintra; su hermano Fernando, presidente de la Coparmex en Mérida, y el papá, Fernando Ponce, cumplen el apartado de ética señalado en la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones.
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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “El camino de la doctrina es largo; breve y eficaz, el del ejemplo”.
POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO
ALFREDO.GONZALEZ@ELHERALDODEMEXICO.COM
@ALFREDOLEZ
DZA