Todos sabemos –comunicadores, periodistas, políticos– que podemos estar siendo espiados, aunque no sepamos a ciencia cierta quién lo hace y de qué manera.
Por eso llama la atención que la revelación más reciente de Amnistía Internacional sobre el espionaje cometido por NSO Group, el desarrollador de Pegasus, no se haya convertido en un escándalo mayor, a pesar de que 15 mil personas habrían sido afectadas en el país.
Tristemente, nos hemos acostumbrado a que el espionaje sea una práctica común, pese a constituir una grave violación a los derechos humanos, que entorpece seriamente el libre ejercicio de la libertad de prensa.
Especialmente cuando se trata de un malware capaz de identificar plenamente a las fuentes confidenciales de un periodista y ponerlas en peligro.
Para muestra está el caso de Cecilio Pineda Brito, periodista guerrerense asesinado en marzo de 2017, luego de acusar públicamente a un político de nexos con el crimen organizado. Como revela una nota en The Guardian, en las semanas previas el teléfono de Pineda había sido blanco de Pegasus y recibido amenazas por su trabajo (shorturl.at/ikpHM).
El Presidente ha insistido que su gobierno no espía a nadie. Sin embargo, el hecho de que no se haga por instrucciones suyas, no implica que la práctica no siga existiendo, pudiendo ocurrir que la lleven a cabo desde la Secretaría de la Defensa hasta gobiernos estatales, incluso grupos del crimen organizado.
En octubre de 2019 Whatsapp presentó en una corte de California una denuncia por espionaje en contra de NSO Group en la que se mencionaba que el malware había sido utilizado en México y otros países en los primeros meses de 2019 en contra de agencias gubernamentales y entidades privadas. En caso de comprobarse, esto podría ser una evidencia de que siguió siendo empleado por alguna entidad durante la actual administración.
Recordemos que en noviembre de 2019, Luis Fernando García, de la Red de Defensa de los Derechos Digitales (R3D) –la misma organización que dio a conocer el uso de este malware en 2017– preguntó al Presidente en una mañanera si el gobierno mexicano continuaba empleando este sistema, cosa que negó enérgicamente.
Esta misma semana en la mañanera el Presidente repitió palabras similares, pero dijo desconocer si el contrato sigue vigente, lo cual no es un asunto menor.
El hecho de que Andrés Manuel López Obrador –transcurrido todo ese tiempo–no conozca esa información es preocupante.
Tanto el Presidente como el Fiscal General de la República deben tomar este tema en serio.
Aclarar esto, investigar a fondo los hechos y transparentar toda la información en su poder vinculada al uso de este malware en México.
POR HERNÁN GÓMEZ BRUERA
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MAAZ