COLUMNA INVITADA

Dreamers mexicanos: un interés de Estado

El viernes pasado, en Texas, un juez federal suspendió la posibilidad de hacer nuevas solicitudes al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA)

OPINIÓN

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Claudia Ruiz Massieu/ Colaboradora/ Opinión El Heraldo de MéxicoCréditos: Especial

El viernes pasado, en Texas, un juez federal suspendió la posibilidad de hacer nuevas solicitudes al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). Esta decisión no cancela los permisos vigentes, pero sí impide que más personas accedan a sus beneficios. 

DACA es una medida administrativa, impulsada en 2012 por el entonces presidente Barack Obama, para proteger de la deportación y brindar permisos temporales de trabajo a inmigrantes irregulares que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños: las y los dreamers. 

Desde entonces, la iniciativa ha respaldado a más de 700 mil inmigrantes, quienes han podido asistir a la universidad o trabajar legalmente sin el temor de ser deportados. Vale la pena subrayar que 80% del total de esas personas son mexicanas; así, nuestro país tiene razones de peso para seguir este tema con atención. 

Las y los dreamers constituyen un valioso componente para las sociedades de México y de Estados Unidos: 90% tiene un empleo, mientras que 46% estudió una licenciatura o un posgrado. Como contribuyentes, se estima que –junto con sus familias– pagan $5.6 mil millones de dólares anuales en impuestos federales, así como $3.1 mil millones en impuestos locales. Sin embargo, su mayor fortaleza es conformar un conjunto insustituible de jóvenes talentosos que enriquecen a la sociedad estadunidense: jóvenes a quienes debemos proteger. 

DACA ha sido un tema contencioso, tanto política como legalmente. De hecho, en 2017 había sido cancelado. La resolución de la Corte Suprema sobre el programa, en junio de 2020, permitió su continuidad. Ahora la administración Biden anunció que apelará la decisión del juez federal que impide nuevas solicitudes. 

En todo caso, hoy el futuro de los dreamers depende de los acuerdos que logren construirse en el Congreso estadounidense para aprobar la propuesta migratoria del presidente Biden, que abriría una vía legal para que miles de inmigrantes obtengan la ciudadanía. 

Si bien se trata de un asunto de política interna de EE.UU., es también un tema estratégico para la política exterior mexicana, dado el número de connacionales a quienes la cancelación definitiva del programa pondría en riesgo de deportación, afectando sus proyectos de vida. Así, junto con el diálogo bilateral entre gobiernos federales, la defensa de DACA exige una amplia labor a nivel local, mediante nuestra red consular en ese país. 

Ante la incertidumbre que enfrentan las y los mexicanos protegidos por DACA, el gobierno mexicano está llamado a desplegar todos los esfuerzos necesarios para respaldarlos: desde la defensa jurídica hasta el cabildeo con autoridades en distintos órdenes de gobierno, así como la vinculación con aliados estratégicos, como líderes de opinión o la sociedad civil organizada. 

México cuenta con las herramientas necesarias para hacerlo: la red consular más grande del mundo, con 50 consulados en el territorio estadounidense; así como un servicio exterior especializado y comprometido en cada uno de ellos. Poner estas capacidades institucionales al servicio de la comunidad mexicana es una responsabilidad ineludible. 

Como todos los países, México tiene intereses de Estado que no dependen de gobiernos, agendas o coyunturas particulares. La protección y defensa de nuestros connacionales en Estados Unidos es uno de ellos. Las y los dreamers deben ser, pues, una de las prioridades del Estado mexicano en el exterior. 

POR CLAUDIA RUIZ MASSIEU
SENADORA POR EL PRI
@RUIZMASSIEU

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