A pesar de las convenciones internacionales los regímenes autoritarios comenzaron a usar las tecnologías para intervenir la correspondencia y luego las conversaciones telefónicas de personas que por cualquier motivo representaran interés para la “estabilidad del gobierno” y eso es espionaje.
El 2 de octubre de 2018, el INAI junto con la UNAM y el Archivo General de la Nación pusieron en valor, para consulta pública, los ominosos archivos del CISEN (el fichero de personas representativas de la sociedad) un monumento a la más repugnante vigilancia desautorizada de la vida privada de las personas).
Israel ha vendido a un sinnúmero de países para su uso presumiblemente legal, el software “pegasus”. Un dispositivo que se compra por fórmulas individuales y que su uso debe ser autorizado por el juez para aplicarlo a quienes por elementos de convicción fundada en Derecho pudieran ser partícipes de actividades delincuenciales y que se les debe detener para ser enjuiciados. En 2017 se detectó que los equipos móviles de comunicación (teléfonos celulares) de activistas, opositores en general y periodistas mexicanos habían sido infectados con ese malware.
Cuando, se dio a conocer esa aberración, el INAI decidió intervenir.
Los integrantes del núcleo de activistas del “gobierno Abierto” capítulo México se levantaron de la mesa, dijeron: ¿cómo estar sentados en la mesa de un gobierno que los estaba espiando? El incidente cobró relevancia internacional y fue motivo de escándalo (reportes de The Citizen Lab).
El INAI repudió el espionaje, fuera contra quienes hubiera sido y abrió investigación de oficio para indagar qué dependencias del Estado mexicano hubieran comprado “Pegasus” desde 2014 al 2016 para con ello saber a quienes podría requerir información.
Se pudo comprobar que, ni la SEDENA ni la SEMAR contrataron ese software durante ese periodo. En cambio sí, la PGR y dirigió a ésta la exigencia de transparentar los contratos correspondientes y, el 24 de noviembre de 2018, el INAI autorizó que se verificara si la PGR habría violentado los principios de la ley y, el 31 de enero de 2018, se ordenó a la PGR que explicara cuantas y cuando fueron utilizadas las fórmulas “pegasus”, que juez las hubiera ordenado y casos concretos y los nombres y datos de los detenidos que hubiera al respecto.
La denuncia de los activistas y demás ofendidos por el espionaje ubicaba que la actividad invasiva a sus vidas privadas habría ocurrido entre 2014 y 2016( la PGR ocultó que habría un lote más de pegasus en un contrato no revelado).
Al final y de última hora, la Fiscalía General de la República, hizo saber al INAI que habría localizado aquel contrato desaparecido, como sea el INAI, ordenó demostrar que se hubiera desinstalado el software del equipo que posee la Unidad de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas de la Agencia de Investigación Criminal y de cualquier otro de sus equipos.
La noticia de hoy es que no solo en México -que lo sabíamos desde 2017, se hizo de “pegasus” un instrumento de “control informativo” inaceptable. La pregunta obligada es: ¿La entonces PGR, luego FGR siguieron operando el software conforme a la ley o acaso continuaron haciéndolo clandestinamente?
POR FRANCISCO ACUÑA LLAMAS
ANALISTA Y CATEDRÁTICO DE LA UNAM
@F_JAVIER_ACUNA
MAAZ