El Partido Verde ha hecho de la ilegalidad un modelo de vida: violan la ley para ganar votos que a su vez les dan recursos para pagar las multas. El partido se queda con el cambio y con el poder obtenido en las urnas.
El jueves, el Verde estará una vez más en el banquillo de los acusados. En esta ocasión, por la campaña de influencers que publicaron contenido proselitista durante la veda electoral. El proyecto de la Unidad de Fiscalización (UF) propone una multa al partido de 40 millones y la cancelación de todos sus tiempos de radio y televisión por un año.
Sí, lo primero que provoca esta información es la indignación. Y es que una multa de 40 millones para un partido que obtendrá 10 veces más en presupuesto el siguiente año, suena ridículo y hasta ofensivo. Pero quiero aquí hacer un llamado a que no nos quedemos en ese reproche y lamento porque donde realmente tenemos que exigir es en otro lado.
Las sanciones de fiscalización se determinan en función de los montos erogados ilegalmente que, en este caso, fueron alrededor de 20 millones de pesos. Es decir, la multa está dentro de los parámetros legales normales de cálculo de sanciones. Pero entonces… ¿Qué tiene que pasar para que haya una sanción real y le quiten el registro al Verde?
Hay dos vías:
La primera de ellas se detona a partir de una queja presentada el día de ayer ante el INE por la legisladora Martha Tagle y los activistas Alfredo Lecona y Mónica Tapia. El escrito viene firmado por periodistas, activistas e intelectuales y está respaldado por más de 160 mil ciudadanos solicitando justamente el retiro del registro al partido por sus trampas.
Con este documento presentado iniciará un procedimiento directamente en la Sala Regional Especializada, es decir, en el poder judicial electoral. La decisión debería salir en unas dos o tres semanas y es ahí el primer momento en el que debemos estar atentos.
La segunda vía es a partir de una posibilidad que tiene el INE de votar el jueves y a la que se está prestando muy poca atención.
Además de la multa por temas de fiscalización, el Consejo General podría abrir un procedimiento de pérdida de registro por violar la veda electoral. ¿En qué consiste esto?
Bueno, pues resulta que como la UF ya encontró evidencia de que hubo un pago directo del partido a los influencers por subir los videos, entonces la conducta completa se le puede adjudicar al partido. Y esta ya no solo implica faltas de fiscalización sino una enorme violación a la veda electoral. Al ser una conducta reiterada (sucedió lo mismo en 2015), entonces el partido está en el supuesto legal para la pérdida del registro.
Pero para que se abra este procedimiento es necesario que pase algo el jueves: El Consejo General debe votar para dar vista al Secretario Ejecutivo de estas irregularidades ¡y eso no está incluido en el proyecto que se está circulando!
Más que preocuparnos por que la multa de fiscalización es muy baja, el tema es exigir que el INE actúe como corresponde con la información que tiene en sus manos y se la transfiera a quien sí puede empezar las investigaciones correspondientes.
Los ciudadanos ya están haciendo su parte con la queja formal que presentaron y la cual sigue abierta para firmas en change.org. Pero quedarnos solo con eso es quitarle la responsabilidad al Consejo General del INE y dejarle todo al poder judicial electoral. Son dos vías para que el Verde pierda el registro, uno esperaría que, en ambas, las autoridades lleguen a la misma conclusión y tengan la valentía para ejecutarla: el Partido Verde no merece estar en nuestro sistema.