Una prueba palpable y tangible de cómo prevalece el Estado de Derecho en México, y de manera particular, en el sector energético, ha sido el procedimiento legislativo que dio origen al decreto de reformas a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), así como sus etapas prelegislativas y la fase poslegislativa en curso, donde el Primer Tribunal Colegiado Especializados en Competencia Económica ha resuelto que por el momento no proceden las suspensiones definitivas otorgadas por jueces federales en contra de la nueva ley.
Los magistrados del tribunal colegiado determinaron que la LIE no perjudica a los productores privados, ya que aún no se ajustan todas las normas del sector, precisando que las privadas podrán solicitar suspensiones hasta que las normas ya existan o cuando vayan a ser sujetos de revisión, renegociación o revocación de permiso.
La LIE en todas sus etapas, desde su presentación como iniciativa presidencial con carácter de preferente, el proceso legislativo en el Congreso, su promulgación y hasta los litigios, sin excepción, se ha desarrollado en el marco del Estado de Derecho, protegiendo y garantizando derechos fundamentales de cada una de las personas y actores involucrados, tutelando sus derechos y previniendo cualquier abuso de autoridad, a través de las normas que establece la Constitución.
El Estado de Derecho también tiene un componente social, que rescata el jurista Joseph Raz de la siguiente manera: “Después de todo, el Estado de Derecho está hecho para permitir al derecho promover el bien social, y no debe ser usado ligeramente para mostrar que no debe ser así”. En este mismo sentido, la LIE tiene como objetivo central reafirmar la rectoría del Estado en sectores estratégicos, rescatando a la CFE de las condiciones asimétricas de competencia, con subsidios y políticas de dumping en favor de los privados, que se ha traducido en una merma de 412 mil millones para las finanzas nacionales.
Colocando como un asunto de seguridad nacional, la generación y el suministro eléctrico que demanda el desarrollo de México, manteniendo tarifas bajas y accesibles. La mejor forma de constatar que el sector energético está regido por el imperio de la ley, es la forma en que los privados han recurrido a la figura del amparo, una vez que el 9 de marzo se publicó la LIE, hicieron valer el juicio constitucional para impugnar la nueva ley eléctrica, al considerar que vulneraban sus derechos.
De esta manera, dos tribunales colegiados especializados concedieron más de 100 suspensiones definitivas, y un grupo de senadores promovieron acciones de inconstitucionalidad ante la SCJN, cuya resolución está pendiente.
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que presentará en el Congreso una iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica, donde estaremos atentos para continuar impulsando el fortalecimiento de la soberanía y seguridad energética.
POR MANUEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA DE LA LXIV LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
@MANUEL_RDGN
DZA