El presidente Andrés Manuel López Obrador todavía no llega a la mitad de su mandato y ya está actuando como si fuera el final. Lo hace dando el banderazo a la sucesión y apurando a los legisladores a aprobar las reformas que le interesan.
Piensa obsesivamente en su lugar en la historia. Ya dijo esta semana que si no se pacificaba el país, su gobierno no quedaría acreditado históricamente. Por eso, no sorprende que la agenda legislativa de la última mitad de su sexenio incluya los temas que le obcecan.
AMLO quiere llevar a rango constitucional los cambios al sector eléctrico que comenzaron este año con la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. Blindar los cambios puede ser la última oportunidad de la 4T para redimirse. Como adelantó el Senador y presidente de la Comisión Permanente del Congreso, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, en Cámara de Origen de Heraldo Radio, no hay condiciones para que pasen cambios constitucionales en esta materia; o por lo menos, no será sencillo.
Lo que hay detrás de la reforma al sector energético no es sólo el empecinamiento presidencial de regresar el monopolio de abastecimiento a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sino desnudar lo que aparentemente puede ser uno de los esquemas de corrupción más grandes que se han dado al amparo del poder público, en el que
estarían involucrados personajes que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Palacio Nacional ya tienen en la mira. Por lo pronto, quien fuera director de la CFE en el sexenio anterior, Enrique Ochoa Reza, pidió licencia como diputado. Recién se detuvo a Baltazar Higinio Reséndez Cantú, señalado por la UIF como prestanombres del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca; Reséndez es accionista de Enerxiza Wind, acusada de ganar ventajosamente una licitación para la construcción y operación de un parque eólico que le vende energía a CFE. Y por el estilo hay otras denuncias.
Aun cuando pueda representar un enorme costo económico para la Comisión y para los usuarios, el gobierno federal va por privilegiar a la empresa comandada por Manuel Bartlett. La necedad presidencial de cerrarle el paso a la corrupción puede tener un costo mayor para los usuarios que para los empresarios supuestamente beneficiados. Esto se debe a que ahora ningún proyecto de los comprometidos por los privados está en marcha. Más malas señales para la inversión.
En esta nueva lucha de la 4T, está en peligro no sólo el sistema eléctrico nacional, sino también la autonomía del Poder Judicial, que ha dado reveses a las modificaciones en la materia.
Pero también definirá la sucesión en 2024, pues de los acuerdos que se logren para salvar las reformas presidenciales en el Congreso veremos hacia donde se cargan las preferencias. Veremos quiénes le ayudan al presidente a asegurar su paso a la historia y sus recompensas.
POR CARLOS ZUÑIGA PÉREZ
@CARLOSZUP
MAAZ