En un video difundido en junio, se observa a un alterado Gabriel García Hernández, enfrentando el reclamo de 34 ex Servidores de la Nación, en Tuxpan Veracruz, que demandan al gobierno de México por violación de derechos laborales.
Con prepotencia, el entonces Coordinador General de Programas de Desarrollo, los acusa de ser parte de “la mafia del poder”, de “inmoralidad política”, de “un atentado que causa mucho daño”. Sin dejar hablar a los inconformes, condiciona su atención a una exigencia: que digan si cambiaron de proyecto político y espeta reiteradamente “¿cuánto quieren?” por desistirse.
Quien se ostenta como representante –todos los presentes de notoria condición humilde—le da un ejemplo: durante dos meses un exservidor de la nación debió viajar a una localidad durante dos meses, como parte de su trabajo, gastando 500 pesos de su bolsa en cada ocasión (el salario es de 8 mil 482 pesos netos).
García Hernández responde con una confesión de parte: “a ningún servidor se le han podido pagar sus pasajes”. El asunto es un problema grave para la Secretaría del Bienestar y para el gobierno, donde están contratados 19 mil 693 personas de acuerdo al registro de Nómina Transparente (consultado el 16 de julio) y, hasta ahora, se desconoce cuántas demandas laborales se han activado en todo el país.
Lo cierto es que ese universo de cuasiburócratas, subsiste en la precariedad laboral, sin marco jurídico porque su existencia no fue incluida en la Ley Orgánica de la Administración Pública ni en el Reglamento Interior de la Secretaría del Bienestar, normatividad emitida apenas el pasado 13 de mayo en el Diario Oficial de la Federación, por cierto, de manera tardía, pues debió publicarse un año antes.
Como la figura laboral no existe, la erogación se ha cubierto con cargo al Capítulo 1000, de “Servicios Personales”, es decir, honorarios, un tipo de contratación por el que, quienes se ostentan como “Servidores de la Nación”, no pueden gozar de derechos laborales fundamentales: nada de vacaciones, días de descanso, ni aguinaldo; no tienen acceso a servicios de salud, y mucho menos a planes de ahorro para el retiro, de vivienda, de bonos especiales ni esquemas de incentivo o formación; tampoco pueden acceder a viáticos para desplazarse ni para comunicarse a través de los equipos celulares, de manera que transportación, alimentos y saldo, lo pagan de su modesto ingreso.
Hay videos similares y ante el reclamo, el alegato dado por Gabriel García en Tuxpan, se reproduce con “superdelegados” de varias entidades federativas: apelan a la convicción en el proyecto lopezobradorista, un argumento sacrificial consistente en apoyar con el salario devengado a la
“Cuarta Transformación”. Lo que la 4T les da, la 4T se los quita. El boquete administrativo por las demandas laborales encausadas puede ser grande, tanto como los problemas identificados ya desde el Informe de Auditoría 240-D, publicado en febrero por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Entre esos problemas está el de la ineptitud manifiesta, por ejemplo, en el llenado del Censo del Bienestar, preámbulo --de por sí ilegal--del hasta ahora incompleto Padrón Único de Beneficiarios, repleto de faltas de ortografía, o bien, discrepancias entre nombre e identificaciones que impiden la tan prometida bancarización.
Y no es todo: hay por ejemplo, beneficiarios del programa de pensión por discapacidad, por el sólo hecho de usar lentes; familias donde todos los miembros gozan de varios programas… y la lista sigue. La escasa preparación y el desconocimiento de la normatividad más básica es atribuida a Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, durante años brazo derecho de Gabriel García.
Empero, semanas después de emitirse el mencionado informe de la ASF, donde su área de responsabilidad que fue el manejo de los Servidores de la Nación resultó ampliamente señalada por irregularidades, fue premiada el 15 de abril, cuando asumió como directora general del INEA.
No es sólo la ineficiencia. García Hernández y su equipo actuaron por decir lo menos, con negligencia, por la omisión y el dolo ante denuncias de nepotismo y corrupción en las superdelegaciones en las que, además de parientes, hay casos acreditados de inclusión en la nómina de “Servidores de la Nación”, hasta de trabajadoras domésticas de los domicilios personales de “superdelegados”.
El estimado interno en el gobierno es que, efectivamente, son 14 mil operadores de la nómina superior a 19 mil personas, es decir, que 5 mil personas corresponden a aviadurías, servicios domésticos, personas inexistentes o prestanombres, un escenario también observado en el muestreo de la ASF.
La idea inicial que se venía madurando desde hace tiempo fue despedir la estructura por inoperante, ilegal y hasta por responder a los intereses de Gabriel García. Pero los juicios en curso alarmaron por ser un indicador obvio del problema que seguiría.
Con el llamado “Señor de los Padrones” fuera, su herencia hoy motiva la cuestión que no encuentra respuesta en el gobierno: ¿qué hacer con los Servidores de la Nación?
POR ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA
COLABORADOR HERALDO RADIO
@ARTURO_RDGZ
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