La aparición de videos comprometedores de políticos o familiares de éstos, han sido instrumentos de descalificación en manos de sus adversarios o abiertamente enemigos. El audio y el video demostrando una acción ilegítima se convierte en un arma poderosa principalmente en las campañas electorales. Pero cuando éstas se prolongan en forma permanente durante el sexenio como sucede en México, entonces la guerra se vuelve interminable y la posibilidad de gobernar junto con otras fuerzas políticas se presenta como una tarea imposible.
Los videos donde aparecen hermanos de López Obrador recibiendo dinero en efectivo por parte de David León, un operador político de Manuel Velasco, cacique de Chiapas y mercader del Partido Verde, van en la misma línea de desprestigio de aquellos publicados durante el 2006 con figuras como Carlos Imaz y René Bejarano haciendo exactamente lo mismo. La intención de esta estrategia es clara: pegarle a la línea de flotación de uno de los principales ejes propagandísticos de la 4T: la corrupción.
A diferencia de lo ocurrido en ese año, hoy AMLO está en la presidencia de la República y tiene capacidad de respuesta ante este tipo de golpes. El problema es que sus colaboradores o él mismo parecen elegir mal a su potenciales víctimas.
Tras la difusión del video de Martín López Obrador por parte de Latinus, la respuesta fue lanzar una endeble acusación por enriquecimiento ilícito contra el ex Secretario de Economía Ildefonso Guajardo, quizá una de las pocas figuras honestas y transparentes de la administración Peña Nieto. Pudiendo lanzar sus dardos sobre un sinnúmero de funcionarios cuyos expedientes son bastante comprometedores, se fueron sobre alguien al que difícilmente pueden explotar mediática y legalmente.
En todo caso, estamos en un escenario de guerra política constante, sin interlocutores ni posibilidad alguna de compromisos entre las partes. No se trata de transformar el sistema de justicia inoperante y obsoleto existente hasta la fecha para sustituirlo por otro eficaz, expedito y transparente, sino de utilizar la centralización del poder en un individuo para ajustar cuentas con enemigos del pasado y del presente,sin considerar el daño que esto genera a la salud política del país.
La filtración de videos y audios seguirá siendo parte de las armas a utilizar en un campo de batalla en donde prácticamente se permite hacer uso indiscriminado de cualquier tipo de instrumento independientemente del daño que se cause a unos u otros. El tejido político está roto, y la videoguerra se ha convertido en la mejor forma de intentar aplastar al oponente. Ahora si que: sálvese el que pueda y que la nación se los demande.
POR EZRA SHABOT
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