En las últimas semanas, los medios a nivel global han reportado los estragos provocados por la ola de calor que azota el noroeste de Estados Unidos (EU) y Canadá. Incendios y muertes, que han arrasado hasta con pueblos enteros de esta región, demuestran que el cambio climático ya no es una amenaza apocalíptica para el futuro lejano. El aumento de la temperatura planetaria es una realidad que exige no sólo la reducción urgente de las emisiones de carbono, sino también la adopción de políticas orientadas a la resiliencia y justicia de las comunidades más vulnerables. Este es el caso de los 2.4 millones trabajadores agrícolas en EU, la gran mayoría de los cuales tienden a ser inmigrantes, temporales e indocumentados.
Según varios estudios, los trabajadores agrícolas mueren como resultado de las altas temperaturas de 20 a 35 veces más que el promedio nacional para otros trabajadores. California, un estado agrícola que desde hace años enfrenta sequías cada vez más frecuentes y pronunciadas, con temporadas de lluvia más reducidas y mayor evaporación de sus reservas de agua, aprobó desde 2005 estándares de emergencia para proteger a los trabajadores agrícolas frente a condiciones riesgosas para su salud durante las olas de calor. Pero en muchos estados, como Oregon, los empleadores no están obligados a ofrecer agua, sombra o una estación para refrescarse a estos trabajadores.
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Aunque existen esfuerzos para que el Congreso apruebe estándares similares a los de California a nivel nacional, varias organizaciones argumentan que aún estos son insuficientes para prevenir la muerte innecesaria de trabajadores que apoyan una industria de 1.1 billones de dólares. La solución radica en una reforma migratoria, porque es la política migratoria, como argumenta Bruce Goldsten, presidente de Farmworker Justice, la que define las condiciones de vida y laborales de los trabajadores agrícolas y sus familias. Ellos aceptan laborar en las peores condiciones, pues necesitan maximizar su paga y temen ser reemplazados o deportados. Considerados esenciales para asegurar la comida en nuestras mesas, son de los grupos sociales y económicamente más desfavorecidos en EU, con un salario por hora promedio de $10 dólares. A pesar de las regulaciones en California, continúa existiendo esta tensión entre la seguridad del trabajador y la productividad y ganancia.
Puesto que 70 por ciento de los trabajadores agrícolas temporales en EU nacieron en México, llama la atención que aún no haya sido tema en las conversaciones bilaterales relacionadas con el cumplimiento de la legislación laboral. La visita reciente de Katherine Tai, representante comercial de EU (USTR), que se centró en la implementación de la reforma laboral en México y el T-MEC, hubiera sido una excelente ocasión para que el gobierno de la 4T pusiera sobre la mesa la necesidad de atender la situación de esos trabajadores, vía una reforma migratoria integral y como un asunto de justicia climática.
POR ISABEL STUDER
Directora, Alianza Universidad de California-México
dza