Dos acontecimientos tiñeron de sangre la imagen de México a mediados de los años 80 con implicaciones negativas que exhibieron la aparente democracia mexicana.
El asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena, que puso la relación con Estados Unidos al “rojo vivo” (de ahí surgieron aquellas certificaciones a la eficacia en la erradicación del narcotráfico), y el homicidio en plena vía pública del periodista Manuel Buendía, crimen asociado a la intolerancia del régimen respecto de sus detractores.
Además de las secuelas del sismo de 1985, la devaluación económica, la “superinflación” y la torpe reacción autoritaria del régimen que burló los resultados electorales ahondaron la crisis poselectoral de 1988. Así fue que se improvisó la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en 1989, como una dirección de la Secretaria de Gobernación, que cayó como un meteorito.
Su fundador: Jorge Carpizo Mac-Gregor, ex rector de la UNAM, autor de “El presidencialismo mexicano”, severa denuncia del voluntarismo presidencial.
Te podría interesar
La finalidad: hacer ostensible que la naciente Dirección de Derechos Humanos, convertida en 1990 en la Comisión Nacional de Derechos humanos, cual escoba mágica, barrería con los lastres de la impunidad que tuvieran que ver con la tortura oficial, que era marca registrada del gobierno y sus agentes policiacos y ministeriales. No lo hemos logrado 30 años después, y vaya que se ha trabajado en muchos aspectos y se ha invertido considerablemente en ello.
La naciente CNDH tenía un titular que era mucha personalidad, pero la oficina muy modesta bajo aquella fórmula de organismo descentralizado de la SEGOB. La insistencia del doctor Carpizo consiguió en 1992 una adición al artículo 102 de la Constitución para darle reconocimiento jurídico superior a la CNDH; no obstante, la precariedad de su formato institucional frente a los poderes públicos y sus excesos, la violencia paramilitar durante el alzamiento en Chiapas, las matanzas de Aguas Blancas en 1995 y Acteal en 1997 hicieron que en 1999 se transformara la CNDH en un organismo constitucional autónomo.
La situación entonces, como ahora, apuntaba a la inseguridad pública, pero no por la delincuencia organizada que arrasa con la tranquilidad de la sociedad entera; hace treinta años, la inseguridad por delincuencia ordinaria se concentraba en la Ciudad de México y en los grandes centros urbanos; desde los años 80, fueron las fronteras del norte y Estados como Sinaloa y luego Tamaulipas señalados como zonas de refugio de los traficantes de la droga, no se hablaba de zonas impenetrables a la legalidad: espacios del narco-poder.
México es, penosamente, el país más peligroso para el ejercicio de la profesión periodística, y las víctimas por desatención estructural de los servicios públicos básicos como salud y educación exigen una CNDH activa y resuelta a defender a la ciudadanía de las situaciones de abuso de poder o de aquellas que dejan en la impotencia humana y la victimizan, y al no haber intervención adecuada de autoridad son revictimizados.
Es imprescindible la CNDH para acotar los excesos y para aliviar y remediar los agravios que produce la desatención deliberada o la insuficiencia de muchos servicios públicos que desembocan en perjuicio de la piel social. Nada más, pero nada menos.
POR FRANCISCO JAVIER ACUÑA
ANALISTA Y CATEDRÁTICO DE LA UNAM
@F_JAVIER_ACUNA
MAAZ