A tres días de finalizada la jornada electoral, pareciera apresurado anticipar el impacto del reacomodo de las fuerzas políticas a nivel municipal, estatal y federal. Se ha destinado tiempo a analizar quiénes son ganadores y perdedores en este proceso. Dicho sin afán retórico alguno, el gran ganador fue el espíritu democrático que se manifestó en 51% de votantes del padrón electoral.
Mención especial merecen ciudadanos y autoridades electorales que hicieron posible que una de las más grandes elecciones en la historia de México, deje testimonio de eficacia y confianza, ambas cosas, pilares de la estabilidad y rasgo característico de la democracia.
Quisiera pensar que muchos que hoy cuentan con evidencia irrefutable para determinar su triunfo en las urnas, trabajan ya en establecer una agenda a la altura de la expectativa generada durante el proceso que los llevó a sus posiciones de poder.
Tema obligado en la agenda es el de la seguridad pública. Llegó el momento de pasar de la propuesta a la implementación de política pública en la materia. La elección demostró que los gobernados reaccionamos mejor al trabajo bien hecho, que a discursos articulados. La buena gestión es visible siempre, mientras que las palabras, sin acciones que las respalden, no son más que ruido.
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Sin excepción, las y los candidatos a las diferentes posiciones en disputa hicieron promesas en materia de seguridad. Muchas de estas adolecieron de seriedad, por lo que serán difíciles de cumplir, con el obvio y natural desencanto que ello traerá. Algunos fueron cautos y no corrieron riesgos al prometer ni comprometer, lo cual es también una manera de rehuir una responsabilidad fundamental de los buenos gobernantes y representantes sociales. Los menos, hicieron compromisos serios y mostraron avances en sus proyectos para atender el fenómeno criminal.
A lo largo de estos meses pude platicar con decenas de candidatos a diputados federales y locales, presidentes municipales, alcaldes, regidores y 6 a gobiernos estatales. A pesar de las distintas visiones sobre el tema, existen coincidencias que debieran ser incluidas en sus agendas. Un par de ejemplos:
1. Las nuevas autoridades municipales y estatales deben implementar el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica. No hacerlo, implica dar continuidad a la dependencia de la Federación para resolver problemas de carácter local.
2. Los nuevos legisladores están obligados a revisar los esquemas de coordinación entre la Federación y las instancias locales e implementar las mejoras necesarias, lo cual incluye luchar por asignar presupuesto suficiente para el cumplimiento de estas metas. En ello no debe caber la discrecionalidad de las afinidades partidistas.
Los tres órdenes de gobierno deben coincidir en implementar mejores prácticas basadas en la evidencia. La directriz en seguridad no puede ser única, porque los problemas no lo son. Así que los protagonistas de la nueva conformación del mapa político del país están obligados, más que nunca, a mostrar visión de Estado y no de cortoplacismo partidista.
Sería deseable comenzar por consolidar esquemas eficaces de seguridad y cerrar paso a las ocurrencias. Ya no más.
POR MANELICH CASTILLA
COLABORADOR
@MANELICHCC
MAAZ