El siglo XIX fue escenario en el país de inestabilidad política desde la mismísima consumación de la Independencia hasta la Restauración de la República.
Esas batallas en el tenor de la ideología y en los cientos de choques sangrientos se agotaron y el resultante no se podrá entender sin observar el régimen jurídico.
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El presidente Pablo Benito Juárez García, constructor de la patria, abogado de profesión, formación y convicción, logró no sólo derrotar a los conservadores, y enfrentar al ejército francés, en su momento, el más poderoso del mundo, sino que además instauró conciencia del valor de la ley. Sí, la gran batalla en el sentido de que prevalece la razón no es teórica, es sustento en la realidad para alcanzar la justicia y, sin duda, sólo se logra con el respeto y la aplicabilidad de la ley.
No es casual que el Benemérito de las Américas ilustre y sea enfático en cuanto a que “…nada con la fuerza, todo con la razón y el derecho”. Y una real y efectiva aplicación de la ley.
En efecto, las autoridades no se pueden guiar en el ejercicio de sus respectivos cargos, bajo tesis de una voluntad caprichosa, sino con sugestión a las leyes.
Juárez y muy diversos intelectuales y líderes liberales de su generación supieron actuar con honorabilidad, incluyendo el respeto a los recursos financieros y materiales.
Efectivamente, uno de los instrumentos fundamentales fue precisamente la aplicación de la ley. Sin un orden jurídico adecuado y una real y efectiva aplicación de la ley es imposible siquiera suponer que es factible combatir la corrupción y otros logros también importantes en la vida pública, como lo son la eficacia y calidad de los servicios públicos.
Todo servidor público, sea cual sea la profesión y formación de que se trate, debe contar con conciencia y formación en el Estado de Derecho. Ante tanta vorágine e injusticias es normal la desilusión. No nos debe extrañar el grado de desconocimiento y rencor ante el orden jurídico. Pero ello no debe ser causa y efecto de la inobservancia del régimen legal. Al contrario, la crisis de credibilidad y de efectividad de lo jurídico debe ser causa para la búsqueda de soluciones específicas ante la ley en la búsqueda de la justicia.
No es un tema únicamente filosófico, sino un tema estructural de realización de los valores sociales e individuales de la vida ante el Estado de Derecho. Sólo es entendible la vida social, si se aplica con la razón y el derecho. No en vano empeñó su vida Benito Juárez en ello en su carácter de hacedor de patria.
POR ENRIQUE QUIROZ ACOSTA
ABOGADO Y COLABORADOR
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