Desde hace mucho tiempo en el imaginario colectivo de la opinión pública internacional se ha preconcebido que el liderazgo global de los Estados Unidos se ha dado a través de su hegemonía económica y militar, instrumentada en la mayoría de los países del globo terráqueo, a través de supuestas intervenciones estratégicas. Nada mas cierto que estos supuestos.
En semanas pasadas el gobierno del vecino país del norte, declaró a través de su presidente en turno Joe Biden, que no piensa dejar de financiar a Organizaciones no Gubernamentales y periodistas ligados a estos organismos, en el mundo entero. Esta situación se dio como resultado de una petición formal presentada por la cancillería mexicana para que el país de las barras y las estrellas explicase las razones y esgrimiera los argumentos, por los que esta nación ha financiado económicamente a organizaciones como mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, liderada por el empresario Claudio X. González.
En la misiva entregada por el primer mandatario mexicano el pasado 6 de mayo, se exige explicar y detener el financiamiento a dicha organización. No obstante, desde ese día, la embajada estadounidense no había dado señales de querer explicar el asunto.
En el Memorándum Estudio de Seguridad Nacional, el gobierno de Biden señala que, para respaldar la lucha contra la corrupción, se fortalecerán los mecanismos de acción del Departamento del Tesoro, quien cuenta con las facultades para congelar cuentas bancarias y confiscar bienes que estén bajo su jurisdicción, pertenecientes a supuestas personas señaladas de malas prácticas. Inclusive, establece que para mejorar las acciones que lleva a cabo dicho Departamento se crearán nuevas regulaciones financieras y bancarias. Hasta este punto, la notoriedad de la estrategia de protección interior de los norteamericanos de sus fronteras es bastante nítida, aunque débil en el aspecto moral.
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A su vez, la Casa Blanca afirmó que la corrupción “amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos, la equidad económica, los esfuerzos contra la pobreza global y en pro del desarrollo, y la democracia, en sí misma”, por lo que combatirla se convierte en un “interés de su seguridad de sus fronteras”.
Por lo tanto, destacó la importancia de trabajar con socios internacionales para “contrarrestar la corrupción estratégica de líderes extranjeros, empresas estatales o afiliadas, organizaciones del crimen trasnacional”.
Este seria el argumento principal mediante el cual, este país, explicaría el financiamiento que ha instrumentado a través de organizaciones no gubernamentales en muchas partes del mundo y en especial del continente.
Cabe recordar que esta situación se presentó, a partir de que López Obrador mostro la nota diplomática al igual que unas facturas para después mencionar que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad ha recibido del gobierno de EU, 50 millones de pesos desde 2018, año en el que justamente iniciaba su mandato.
De igual manera, detalló que a través de la Agency for International Development (USAID), la embajada de EEUU en México financió a esta organización a través del mecanismo de “donativo”. El mandatario calificó esta acción como “un acto de intervencionismo que viola nuestra soberanía”, lo que lo motivó a presentar la nota diplomática.
Lo que es cierto hasta ahora, es que, bajo los estándares del derecho internacional, esta medida no debería ser olvidada, toda vez que expresamente el concepto de Seguridad Nacional no es suficiente para justificar la manutención de ninguna Organización Política fuera de sus fronteras, bajo el débil argumento de la lucha contra la corrupción internacional.
Nunca será conveniente para la estabilidad internacional, que un país pueda intervenir en el desarrollo evolutivo de la vida política de cualquier nación al exterior de sus fronteras, este hecho por si solo, no es democrático y si coercitivo.
Por LUIS MIGUEL MARTÍNEZ ANZURES
PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
dza