La situación política en Nicaragua es cada vez más crítica. En lo que va del mes, el régimen de Daniel Ortega ha detenido a 19 líderes opositores; entre ellos, cinco aspirantes presidenciales y tres revolucionarios sandinistas. Naturalmente, la presión internacional también ha escalado en los últimos días.
Este martes, en el Consejo de DD.HH. de la ONU, 59 países suscribieron una declaración para exigir la liberación inmediata de los disidentes y llamar a la celebración de elecciones libres. El 16 de junio, el Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución condenatoria de los hechos.
En ambas votaciones el gobierno mexicano optó por abstenerse; y, si bien ha expresado su rechazo a las acciones ocurridas en el país centroamericano, se ha distanciado de la postura asumida en los foros multilaterales.
En el fondo, subyace una interpretación, a mi juicio limitada, de los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos; así como el hecho de que no se le ha concedido la misma importancia al principio de protección y promoción de los derechos humanos. La posición del gobierno mexicano parece ambigua para algunos e incluso contradictoria para otros. Lo cierto es que los principios normativos de nuestra política exterior no deben contraponerse, necesariamente deben conciliarse. Sin embargo, la estrategia diplomática que en este tema ha seguido el gobierno mexicano amerita un análisis crítico, a la luz de experiencias recientes.
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Durante la actual administración, la participación de nuestro país en los foros multilaterales ha sido contrastante. Se logró el asiento como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, pero se ha perdido el vigor de muchas décadas en los esfuerzos de la agenda global. El componente de tensión han sido las observaciones internacionales sobre la protección a los derechos humanos en países cuyos gobiernos presentan afinidades ideológicas con el nuestro.
Las abstenciones de México en votaciones relativas a la situación de Nicaragua han sido decisiones polémicas, pero hasta cierto punto previsibles. El actual gobierno busca desplegar una estrategia política basada en un delicado equilibrio entre tres factores: el reconocimiento a la situación de los derechos humanos en ciertos países; la elusión de una condena abierta a sus gobiernos; y el rechazo a la interpretación mayoritaria de la comunidad internacional sobre la existencia de violaciones graves a las libertades fundamentales, por considerarlo injerencista. Una posición arriesgada, pues implica contrariar a buena parte de la comunidad global sobre el carácter universal de los derechos humanos y su defensa internacional, y perder así relevancia en el exterior.
Hace dos años, cuando la OEA condenó la crisis política en Venezuela, México y Uruguay propusieron el Mecanismo de Montevideo como una ruta alternativa para promover una solución negociada; sin embargo, los resultados no fueron los esperados.
En esta ocasión, Argentina y nuestro país se ofrecieron como facilitadores de un diálogo con el presidente Ortega y luego llamaron a consultas a sus respectivos representantes diplomáticos en Managua. No parecen ser acciones destinadas a la solución del clima imperante en Nicaragua.
No podemos ignorar que nuestra política exterior es un asunto de Estado, que involucra a una pluralidad de actores. En la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobamos un pronunciamiento respaldado por todos los grupos parlamentarios, en el cual nos expresamos a favor del imperio de las libertades y derechos políticos en Nicaragua, al tiempo que hacemos votos en favor de las condiciones que requiere una elección libre, legal, incluyente y pacífica.
Finalmente, el objetivo nacional debe ser el mismo: que el Estado mexicano rechace las violaciones a derechos fundamentales en cualquier parte del mundo, con la misma contundencia con la que luchamos por consolidar su disfrute efectivo al interior de nuestras fronteras.
POR CLAUDIA RUIZ MASSIEU
SENADORA POR EL PRI
@RUIZMASSIEU
dza