La nueva tragedia del Metro –23 muertos por el colapso en la línea 12- estaba anunciada. Desde que el gobierno perredista de Miguel Mancera suspendió la operación, se sabía que algo así podría pasar, simplemente porque la obra estaba mal hecha. Desde 2011, la Auditoria Superior de la Federación había señalado nepotismo, sobrecostos y “mala supervisión de la calidad de la obra y de los materiales”.
Marcelo Ebrard, hoy secretario de Relaciones Exteriores y hombre fuerte del régimen –tanto que sus adversarios dentro de Morena lo ubican como el poder tras el trono- buscó con la Línea 12, y logró, posicionarse en la carrera presidencial de 2012, tanto que le cedió su lugar a Andrés Manuel López Obrador después de una encuesta en la que, de acuerdo con sus cercanos, le ganó. Cuando vino la crisis, Ebrard fue señalado, igual que ahora, como responsable político.
Claudia Sheinbaum, actual regente de la Ciudad de México –nunca se ha comportado como una gobernante cuya legitimidad proviene de las urnas- y competidora de Ebrard por la anuencia de López Obrador para la candidatura presidencial de 2024, disminuyó el presupuesto de mantenimiento del Metro y la directora del mismo, Florencia Serranía Soto, mantuvo, por austeridad, vacante el puesto de subdirector de mantenimiento durante más de un año. Ambas tienen, evidentemente, responsabilidad política en la tragedia.
Ninguna ignora que públicamente Slobodan Petrovich, director general de la empresa Systra México, concluyó en 2014: la línea 12 requerirá de por vida un plan de mantenimiento ajustado porque los rieles están mal y no hay forma de dar marcha atrás. Y si acaso lo ignoraban, por lo menos debió llamarles la atención que entre 2015 y 2019 se gastaron más de 765 millones de pesos en mantener los rieles.
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Mario Delgado, hoy presidente de Morena, fue el hombre de los dineros, el encargado de desviar los recursos públicos de una obra que oficialmente costó el doble de lo anunciado, unos 26 mil millones de pesos.
De acuerdo con los artículos 108 al 114 de la Constitución, los cuatro tienen una evidente responsabilidad política por la tragedia debido “a la comisión de actos u omisiones que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”. Dos de ellos ya la libraron en el pasado y ahora todo indica que la volverán a librar porque los cuatro son muy amigos del presidente López Obrador, quien ahora decide quién es culpable y quién es inocente.
La tragedia estaba anunciada. Hoy la impunidad también está anunciada. La responsabilidad política es evidente y eso amerita juicio político y destitución del cargo. Pero no es el único tipo de responsabilidad en que pueden caer los funcionarios públicos. También podrían tener responsabilidades penales, administrativas y civiles. Podrían incluso ir a la cárcel. Pero los cuatro son amigos y amigas del presidente, eso les garantiza la impunidad, pero le puede dar al presidente un pretexto para prolongar su mandato porque no hay nadie que lo pueda sustituir.
POR FERNANDO HERRERA ÁVILA
VOCERO DEL PAN
@FHERRERAAVILA
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