Un nuevo frente autoritario asoma en América Latina. Esta vez en la República de El Salvador, bajo los designios de Nayib Bukele, un joven de 39 años de edad y origen palestino, que antes de llegar a presidente había sido alcalde de Nuevo Cuscatlán, una población de 9 mil habitantes, y de San Salvador, la capital del país, bajo los auspicios del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que lo expulsó en 2017.
Hasta su entrada en la política, Bukele había sido un empresario relativamente exitoso en marketing y publicidad, lo que le ayudó al manejo de redes sociales y conectar con las generaciones jóvenes del país, que fueron decisivas para que ganara la presidencia de la República. Bukele se proyectó como el símbolo de la renovación política.
En sus dos años como presidente, Bukele ha mantenido índices de popularidad como no se habían visto en muchos años en la república centroamericana, gracias a su política anti-corrupción, el arresto de pandilleros a quienes hacinó en cárceles y las extremas medidas coercitivas para enfrentar la pandemia, que llevaron también a las detenciones de quienes violaron la normatividad gubernamental.
En las elecciones del mes de febrero para renovar la Asamblea Legislativa nacional el partido Nuevas Ideas, creado por Bukele, arrasó y alcanzó una mayoría que le permite pasar leyes y aprobar presupuestos a su antojo, que le permitió destituir a cinco jueces constitucionalistas de la Suprema Corte de Justicia y al Fiscal General del país, que habían rechazado varias acciones del ejecutivo.
Te podría interesar
La medida provocó preocupaciones y el propio gobierno de los Estados Unidos, a través de la Vicepresidenta Kamala Harris, opinó que “la existencia de un Poder Judicial es crucial para (el mantenimiento) de una sana democracia y una economía fuerte”.
Latinoamérica asiste nuevamente al nacimiento de un gobierno autoritario, destructor de instituciones autónomas cuyo propósito es ser el contrapeso a posibles abusos o ilegalidades de los poderes ejecutivo y legislativo, y dan sentido a un estado democrático, protector de última instancia, de la ciudadanía en general. Pero son un problema para quienes claman “primero la justicia que la ley”.
Prácticamente todos los países latinoamericanos que han tomado ese camino han tenido resultados devastadores y hoy se encuentran sumidos en hoyos de pobreza y desesperación, como Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Pese a los esfuerzos de Bukele para tratar de justificar la destitución de los magistrados y del Fiscal General, la condena internacional es casi unánime.
Ojalá que Bukele y su gobierno recapaciten acerca del daño que éstas medidas pueden generar a su país, pues pueden conducir a más abusos, violaciones, persecución política y al éxodo de inversionistas nacionales y extranjeros, que se reflejarían en mayor pobreza, delincuencia, represión y, por supuesto, la emigración de quienes buscan reiniciar, fuera de su país, una nueva vida en paz y tranquilidad.
POR AGUSTÍN GARCÍA VILLA
ANALISTA ECONÓMICO
ORBE@ELHERALDODEMEXICO.COM
maaz