Si el nombre de la estrategia diseñada por el gobierno federal para brindar seguridad a los candidatos a los más de 21 mil puestos de elección popular es difícil de entender, más complicada es su implementación en el terreno de los hechos.
Nunca quedó del todo claro quién se haría cargo de la recepción de las solicitudes, el análisis de riesgo de cada candidato y quién pondría el personal operativo que encargaría de su seguridad personal, ya que el formato de “Mesa de seguridad” depende de la suma de esfuerzos y voluntades, por lo que no obliga a nadie a asumir responsabilidad alguna.
Dicho modelo es útil para resolver problemas de violencia y delincuencia en términos de prevención, participación ciudadana y coordinación interinstitucional, en los que juntos autoridad y sociedad suman voluntades, esfuerzos, atribuciones y capacidades, pero no para proteger a candidatos. Se nota que para salir al paso de la protección de candidatos, el gobierno de la República tomó como machote el esquema de las Mesas de seguridad o de Coordinación para la construcción de la paz que funcionan en las entidades federativas y regiones prioritarias en términos de homicidio doloso.
Para un tema tan delicado como lo es la seguridad de los aspirantes a un puesto de elección popular debió haber buscado un modelo que definiera el rol de cada dependencia federal, estatal y municipal, pero bajo la rectoría del gobierno federal, como se había realizado en elecciones presidenciales e intermedias en administraciones pasadas con mejores resultados.
Te podría interesar
No hacerlo de manera formal y bajo lineamientos claros dejó espacios que los opositores e incluso la delincuencia organizada aprovecharon para dirimir sus diferencias y decidir quién se quedaría y quién se bajaría de las candidaturas y los resultados están a la vista, sobre todo en entidades donde la violencia se ha vuelto el pan de cada día como Michoacán, Estado de México, Guanajuato y Sonora.
Tan inconsistente ha sido la estrategia del gobierno en turno que las cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no coinciden con las de consultoras como “Etellekt” e “Integralia”, cuyo número de víctimas es mayor.
Hasta el 21 de mayo el gobierno federal a través de la Guardia Nacional solo daba protección a 57 de los 121 mil candidatos, entre ellos 5 aspirantes a alguna gubernatura, es decir apenas el 0.05%, por lo que el grueso de los candidatos quedaron al margen de la protección institucional.
En cuanto al número de candidatos asesinados, la SSyPC reportó únicamente 13, sin embargo la consultora “Etellekt” reportó 34 homicidios de septiembre a la fecha. A ésta cifra habrá que agregar el asesinato de la candidata de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Moroleón, Guanajuato, Alma Rosa Barragán Santiago, con lo que la cantidad se ajustaría a 14 y 35 respectivamente.
Si la estrategia del gobierno de la República fuera clara y consistente, hoy por lo menos dispondríamos de una estadística homologada y confiable que permitiera tomar mejores decisiones, tal como sucede con la incidencia delictiva que registra el Sistema Nacional de Seguridad Pública mes a mes a partir de los cambios incorporados en 2015.
Quedan poco menos de dos semanas para los comicios del 6 de junio, es momento de que autoridades, partidos políticos y candidatos sumen voluntades y capacidades con miras a evitar la pérdida de más vidas humanas, continuar polarizando las cosas solo nos conducirá a una mayor crisis de seguridad en la que solo ganarán los delincuentes y los intereses oscuros que representan.
POR FACUNDO ROSAS.
EXCOMISIONADO DE LA POLICÍA FEDERAL
dza