Capturar delincuentes y no vincularlos a proceso es frustrante. Se ha experimentado por años en las instancias de seguridad la desazón del esfuerzo infructuoso. Explicaciones hay diversas y la culpa se reparte entre aprehensores (policías, marinos o militares), ministerios públicos y jueces. Las declaraciones del almirante Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, en el sentido de que “el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial”, en alusión a los detenidos que son liberados, fueron atractivas para la crítica y el vuelo del análisis editorial. Empero, deben analizarse en contexto más amplio.
Más que culpar personas, analizar, por ejemplo, la “ingeniería legal para la impunidad”. La sofisticación en la operación criminal no sólo abarca sistemas modernos de comunicación, armamento o formas de blanquear capitales. Detrás hay una logística para que sus acciones no encuadren en los supuestos que las leyes contemplan.
No es casualidad que delincuentes organizados no puedan ser calificados así en juicio y terminen procesados y sentenciados por delitos en particular. Por poner ejemplos recientes, ni el narcotraficante Héctor El Güero Palma o Servando Gómez Martínez, La Tuta, han sido sentenciados por delincuencia organizada.
La descripción legal de la delincuencia organizada exige ciertos elementos para su acreditación: existencia de una organización de hecho de tres o más personas y la forma permanente o reiterada de realizar conductas que por sí o unidas a otras, tengan como objetivo cometer los delitos enumerados en el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
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Los delitos deben acreditarse plenamente para dictar sentencias condenatorias. Antes, calificarse la legalidad de detenciones y pruebas en que se basa la imputación. Si no se logra, el problema no siempre es de jueces, ministerios públicos o policías, como se piensa, sino de un complejo entramado que comienza desde el Poder Legislativo, al plasmar en leyes y códigos una cantidad importante de formalidades para acreditar la comisión de delitos cometidos por la delincuencia organizada y, aún más, para poder comprobar técnico jurídicamente la existencia de estas organizaciones.
No sugiero un retroceso en detrimento de derechos humanos, sino reconocer que el combate a esta clase de criminalidad exige un marco jurídico extraordinario, como el plasmado en la reforma constitucional de 2008 en materia de justicia penal y seguridad pública y que, por ignorancia de algunos y conveniencia de otros, se ha dinamitado al tiempo que los criminales se mofan de la vulnerabilidad de las herramientas con que el Estado pretende detenerlos y procesarlos.
Antes de culpar a los operadores del sistema de justicia penal, pidamos cuentas a quienes ignoran la Constitución, aprueban desmantelar capacidades construidas en muchos años y reducen presupuestos para seguridad a instancias locales, favoreciendo la expansión criminal. Replantear la política pública en la materia debiera ser la prioridad para quienes conformarán la Cámara de Diputados, gobernarán municipios y estados después del 6 de junio. En la lucha contra el crimen organizado, urge encontrar aliados más que señalar enemigos.
POR MANELICH CASTILLA
COLABORADOR
@MANELICHCC
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