Una de las poderosas razones que hubo para transformar a la Procuraduría General de la República (PGR) fue desvincularla del Poder Ejecutivo Federal.
Así, a principios de 2019 se convirtió en un Órgano Constitucional Autónomo denominado Fiscalía General de la República; urgía una Fiscalía General que tuviera autonomía orgánica, funcional y de criterio respecto de los poderes públicos. Esa fue iniciativa de la presente administración y recibió un respaldo unánime en el Congreso de la Unión.
Durante largos años la PGR fue formal e informalmente “El abogado del Presidente de la República”, como se conocía coloquialmente al titular de esa dependencia. Para remontar esa idea fue creada la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República años después y no hace tantos tampoco, y, sin lugar a dudas, fue un gran acierto. El Consejero Jurídico debe ser un incondicional del Presidente, y eso se demuestra al cuidar la legalidad de sus actos.
La misión de la PGR como centro de mando de los ministerios públicos federales y de la policía judicial federal fue, de suyo, fuente de tensiones y disputas internas en una oficina absorta en la investigación de los magnicidios de 1993 y 1994, y matanzas como las de Aguas Blancas y Acteal, las cuales la fueron encerrando más sin que ello arrojara resultados exitosos.
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En paralelo, su concentración en el combate a la delincuencia organizada la hizo un “bunker” por la naturaleza de las funciones señaladas que, naturalmente, requieren de sigilo y reserva para actuar con éxito en la investigación y persecución de los delitos.
Hace unos días alguien, no importa quién (es un derecho fundamental conocer y recibir la información pública, completa, oportuna y verás aun de manera anónima), solicitó a la FGR toda la información disponible del Registro Nacional de Personas Desaparecidas desde 2013 que, conforme a la ley, debe estar contenida en el Banco Nacional de Datos Forenses.
La respuesta fue desafortunada: se limitó a decir que ese tema no le correspondía y que, por tanto, no era la “ventanilla” correcta. Naturalmente, el ciudadano se inconformó y acudió al INAI para acusar tan mala respuesta. Al iniciar el INAI su deber, la FGR modificó parcialmente su negativa y admitió que sí le corresponde ese asunto pero no tiene registros, porque el citado Banco Nacional de Datos Forenses no está en funciones.
El INAI pudo localizar el fundamento de la competencia de la FGR para efectuar el registro y seguimiento de las desapariciones de personas, tanto de aquellas que se presuman ocurrieron por algún agente oficial como las que ocurren por parte de otros particulares.
La antigua PGR tenia registros que debió entregar a la FGR para localizar esta información y, naturalmente, el Banco Nacional de Datos Forenses no es una invención ni mucho menos un artificio o un gasto inútil, es un instrumento para dar certeza y certidumbre a los familiares de desaparecidos, que se cuentan por varios miles de decenas de personas e inclusive algunas cifras indeterminadas de casos que no han sido denunciados.
El INAI ordenó a la FGR a rectificar y entregar al o la solicitante toda la información al respecto. Urge que la FGR se distinga de su precedente, la PGR.
POR FRANCISCO ACUÑA LLAMAS
ANALISTA Y CATEDRÁTICO DE LA UNAM
@F_JAVIER_ACUNA
MAAZ