El domingo, violentando la veda electoral como ya es su costumbre, el Presidente subió a sus redes sociales un video presumiendo una gira para supervisar obras de carreteras en Veracruz y San Luis Potosí. “Estamos en el tramo de Pánuco a Tampico, supervisando estas carreteras que están abandonadas desde hace mucho tiempo. Me acompaña el subsecretario de Comunicaciones, Jorge Nuño, que está aquí con nosotros”, transmitió el mandatario.
Ni tardo ni perezoso, Canal 11 reprodujo partes de dicho video y dio amplia cobertura a un acto (donde se ve al Presidente López Obrador posando para la cámara, cargando a una bebé, junto a los familiares de esta, todos sin cubrebocas), contribuyendo así —desde un medio público— a hacer propaganda y proselitismo en favor de la 4T en tiempos electorales. Y es que, no hay que olvidarlo, Canal 11 es una cadena de televisión pública mexicana, perteneciente al Instituto Politécnico Nacional, institución de educación superior también pública.
Ese mismo día, Canal 11 comenzó con las transmisiones de distintos partidos de beisbol, deporte predilecto del Ejecutivo federal. Serán todos los juegos de la Liga Mexicana de Beisbol de esta temporada, además de “Pelotero a la bola”, un programa de análisis y comentarios —¿por qué no, verdad?
Y ya desde el mes de marzo, en el programa de Leticia Carbajal de ese canal de TV abierta se presentó una cápsula informativa que daba cuenta de todas las votaciones supuestamente “polémicas” del exministro José Ramón Cossío, a unas pocas horas de que, coincidentemente, AMLO criticara a dicho constitucionalista por defender al juez Juan Pablo Gómez Fierro por sus resoluciones contra las reformas al sector eléctrico impulsadas por el poder Ejecutivo. Naturalmente, no pocos televidentes han calificado —yo digo que con toda la razón— a Canal 11 desde entonces como el "altavoz de las fobias presidenciales”; “palero” de López Obrador.
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No sorprende, entonces, que todo el personal de Canal 11 (no sólo el periodístico, profesionista y/o académico, sino también el administrativo y técnico), independientemente de su edad, haya sido premiado con la codiciada vacunación antiCOVID...
En otras palabras, a pesar de que, desde Presidencia, se han hecho llamados para que la burocracia —la federal ciertamente— no se “salte la fila”, desde la misma administración federal, por instrucción coordinada de la Ssa y la SEP inocularon a todo Canal 11, a pesar de que sabemos que no todo el personal médico (del ámbito privado) ni las personas de la tercera edad del país han alcanzado a ser vacunados contra el COVID. “Este martes inició la vacunación a personal de @CanalOnceTV (fecha determinada por orden alfabético). Nos contaron que el proceso fue ágil; fueron recibidos en @IPN_MX Zacatenco con todo y mariachi. 200+ personas del Once fueron vacunadas hoy”, comunicó Carlos Brito, director de Canal Once, en su cuenta de Twitter.
Cuando fueron evidenciados ampliamente, la cadena de televisión estatal argumentó que se trataba de una institución de carácter docente, ya que para esas fechas se estaba vacunando a todos los maestros de México.
Evidentemente, expertos y la opinión pública en general hicieron ver que eso no era tal; que no se trataban de trabajadores al servicio de la educación que imparten materias frente a grupo y que, por lo tanto, estén en la primera línea de contacto con la infección. Por ello, los directivos de Canal 11 y las autoridades de salud pasaron entonces a decir que la vacunación de ese personal había obedecido a que dependían de la Secretaría de Educación Pública como un todo. Sin embargo, si uno analiza un poco esta justificación, encontrará que ello también es falso. El personal que labora en dependencias como MejoraEDU, el INEA, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE), por mencionar tan solo algunas, también adscritas a Educación Pública, no ha sido vacunado.
Ya vimos con los maestros del estado de Campeche que estar vacunado no ha resultado una panacea (este fin de semana se informó que cerrarán las 135 escuelas en la entidad que reanudaron actividades presenciales el pasado 19 de abril); es decir, que la vacuna no constituye un blindaje para evitar que el virus prolifere en las aulas, en las casas, en las comunidades campechanas. Sin embargo, argumentar todo lo anterior me parece de mínima justicia por cuanto a los derechos de salud, a partir de una estrategia que el propio gobierno trazó por edades y sectores más vulnerables y con la que no está siendo coherente. Pero también para dejar claro que, no conforme con haber vacunado a todos los “servidores de la nación”, la inoculación antiCOVID está siendo claramente la paga al personal de una dependencia pública por plegarse a los caprichos del “emperador” de Palacio.
POR VERÓNICA MALO
VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM
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