Esta semana se llevó a cabo la primera reunión de los ministros de libre comercio de México, Estados Unidos y Canadá, como parte de las funciones y requerimientos comprendidos en el TMEC, para revisar año con año como se está implementando el tratado, así como atender las querellas que van presentándose entre las partes involucradas de los tres países.
En los últimos meses se han acumulado quejas entre sectores comerciales productivos entre Estados Unidos y Canadá o México, por lo que el objetivo de esta reunión es el de analizar los mecanismos de resolución de controversias, antes de que se conviertan en disputas comerciales y en sucesivos paneles arbitrales que impliquen represalias o incrementos arancelarios en las exportaciones.
Históricamente, los asuntos de comercio agrícola son prioritarios para los Estados Unidos, sin embargo su administración actual está decidida a incidir positivamente en el impacto contaminante de sus industrias, por lo que la contrarreforma energética con la que en México se busca revertir los cambios constitucionales que permitieron que empresas privadas pudieran obtener recursos energéticos renovables, se vislumbra como un problema importante.
Esta serie de decisiones inicialmente propiciaron un ambiente de incertidumbre para el comercio internacional y sus estrategias trazadas en México. No obstante, con las pocas condiciones favorables que se han generado con esta administración federal, se está impactando fuertemente en la competitividad de México en caso de que llegaran a someterse casos arbitrales en su contra. Asimismo, de este lado de la frontera se están revisando temas como lo son la interpretación de las reglas de origen del sector automotriz de gran importancia nacional.
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Ahora bien, es importante señalar que nos encontramos en un periodo de recuperación económica, la reactivación gradual estadounidense está incrementando la demanda de exportaciones mexicanas, así como el comercio y las inversiones en los tres países. En ese sentido, el reto para los miembros signantes es mantener el ritmo de crecimiento comercial y de atracción a la inversión, elementos que se seguirán propiciando si se implementa oportunamente el tratado.
De igual forma, no se podría aspirar a esas mejoras sustanciales si las partes negociadoras no consiguen desactivar estas disputas potenciales en temas energéticos, ni tampoco si no se abordan los casos laborales pendientes en el país.
Entre las aristas a considerar está el rol que ha jugado el poder judicial de México al considerar la importancia constitucional que implica el respetar acuerdos internacionales adquiridos con otros países, por lo que ha emitido suspensiones puntuales de forma temporal y definitiva a las leyes de la industria eléctrica y a la de hidrocarburos, porque dichas reformas caen en parámetros de inconstitucionalidad.
Al respecto, cabe señalar que están disponibles para nuestros socios comerciales la posibilidad de iniciar procesos desde instituciones del estado o directamente desde un ente privado contra el gobierno a causa de las afectaciones en sus inversiones.
El problema con ello, son los desincentivos a la inversión que se generan en México. Los proyectos multimillonarios que se tienen previstos en nuestro país, al menos en el sector eléctrico, corren riesgo inmediato por las implicaciones ambientales y su importancia en las estrategias políticas estadounidenses.
Se trató de un primer ejercicio importante que ayudó a sentar un precedente como parte de las negociaciones de este nuevo tratado de libre comercio y dejó entrever la importancia que tiene para los tres países en el contexto actual, esperemos estar a la altura de las circunstancias.
POR AZUL ETCHEVERRY
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@AZULETCHEVERRY
MAAZ