Andrés Manuel López Obrador quiso estar en la boleta electoral de junio y de hecho, lo logró. Lo intentó con la revocación de mandato y con la consulta popular, y tras fracasar, decidió tomar en sus manos la campaña con dos objetivos primordiales. El primero, sustituir a Morena como eje de atracción del voto, en la medida en que el partido por sí mismo se muestra incapaz de atraer a la ciudadanía sin la presencia cercana de AMLO.
Esto llevó consigo a una confrontación directa, primero con el INE, y específicamente con su presidente Lorenzo Córdova, y con el consejero Ciro Murayama, por ser quienes respondieron directamente a los ataques presidenciales. Después, la andanada de descalificaciones continuó contra el Tribunal Electoral Federal al no apoyar la ratificación de las candidaturas de Morena en Guerrero y Michoacán.
A partir de ese momento, el Presidente se convierte en un activista diario que apuesta todo su prestigio, poder y capital, a convertir su popularidad en votos para su partido, y desprecia abiertamente las limitaciones impuestas por la ley a la participación de los funcionarios públicos en las campañas electorales. Incluso, en el caso de Nuevo León, la burda intervención de López Obrador puede significar un interés manifiesto por anular la elección en la medida en que Morena prácticamente desapareció de esa entidad.
A esto hay que añadirle un elemento que ha golpeado la popularidad presidencial y la de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México. La tragedia en la Línea 12 del Metro ha tenido un impacto significativo en la intención de voto en la capital y en la propia imagen presidencial. La respuesta por parte del primer mandatario ha sido la de radicalizar su discurso contra adversarios, periodistas, autoridades electorales y todo aquello que le parezca contrario a su causa.
Te podría interesar
En este momento, a un poco más de dos semanas para la elección, el tiempo corre contra la coalición gobernante, cuyo Presidente candidato rema en dirección contraria a una población afectada por graves eventos, como el del Metro, y una violencia constante que empiezan a marcar como factores que modifican la percepción de la ciudadanía sobre la efectividad de las acciones de la presente administración.
La lucha entre los beneficios recibidos a través de los programas sociales asistencialistas, y el deterioro real de las condiciones de vida de la ciudadanía, se decidirá en las urnas el 6 de junio. La interrogante es si el Presidente candidato aceptará el resultado, en caso de que no le sea favorable. Por lo pronto la balanza se inclina claramente por el no, con todo lo que esto implica para la democracia mexicana.
POR EZRA SHABOT
EZSHABOT@YAHOO.COM.MX
@EZSHABOT
dza