Tener una infraestructura de seguridad pública en México es un reto que no cualquier nación enfrenta.
La Constitución permite que cada uno de los más de dos mil 400 municipios del país tenga su propia red de radiocomunicación con el proveedor de su elección, y a esto súmele 32 entidades y las del gobierno federal, incluida la naciente Red Integrada Nacional de Radiocomunicación (RINR).
Como ha dicho Ricardo Corral Luna, exsecretario ejecutivo adjunto del Sistema Nacional de Seguridad Pública, esto exige una política de Estado en radiocomunicación construida de la mano de las entidades y municipios, para volver funcional el mar de redes locales inconexas, heterogéneas y duplicadas.
Imagine el caos que derivaría para un operativo conjunto, entre miembros de la Guardia Nacional, en una de las muchas zonas metropolitanas del país, donde también interactúan agentes de diversos municipios más policías estatales, todos con una tecnología diferente y algunos sin posibilidad de uso de banda ancha, es decir, imposibilitados para recibir geolocalización, mensajes multimedia o video en vivo.
Lo indispensable es que dicho sistema garantice la interoperabilidad entre los protocolos de comunicación, para garantizar la óptima coordinación entre las diferentes fuerzas del orden, y aprovechar todas las ventajas tecnológicas que se desarrollan en banda ancha.
Otro aspecto crucial es el blindaje de dichas comunicaciones, donde un solo administrador puede otorgar diferentes alcances y posibilidades a quienes interoperan y además graban y monitorean toda su actividad, lo que minimiza cualquier filtración o vulneración del crimen organizado. Esta tecnología ya opera en la Ciudad de México, Jalisco y Querétaro, con la firma francesa Airbus SLC a través de su sistema MXLink.
Así, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que comanda Rosa Icela Rodríguez, tiene un enorme reto, la RINR es un paso correcto en consonancia con naciones como Estados Unidos, Bélgica, Francia y Países Bajos, hacia un sistema funcional de comunicación de misión crítica.
LA RUTA DEL DINERO
La Cámara de la Industria de la Radio y TV (CIRT) fijó su postura sobre la resolución de la Suprema Corte de Justicia relativa a la intervención de la autoridad en los Códigos de Ética en el sector de la radiodifusión, y el cambio de una autorregulación a una supervisión burocrática, muy al estilo de la 4T, que busca imponer a los medios lineamientos informativos. La nota es que la CIRT acudirá a instancias internacionales y solicitará su revisión ante el Consejo de la Judicatura Federal, al afirmar que se trata de un ataque directo a la libertad de expresión, al derecho a la información y de las audiencias. Se trata de revivir un expediente, al restituir los Lineamientos de Audiencias del IFETEL de 2016, que se califica por los concesionarios como censura y que viola flagrantemente la Constitución con el riesgo que derive en excesos de las Instituciones del Estado.
POR ROGELIO VARELA
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